Agencias
La presidenta Cristina Fernández anunció el lunes un proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en poder de la petrolera española Repsol, y el gobierno de España reaccionó de inmediato con anuncio de medidas contundentes contra Argentina.
Repsol dijo el lunes en un comunicado que la medida anunciada es “manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria, que no se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma y que supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF.
Agregó que la empresa “se reserva expresa y plenamente todos los derechos y acciones que pudieran corresponderles conforme al derecho argentino, la normativa de valores de los mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional, incluyendo el tratado de protección de inversiones Argentina-España”.
Fernández afirmó al anunciar el proyecto el lunes que Argentina debe recuperar la “soberanía hidrocarburífera” y lograr el autoabastecimiento en materia de hidrocarburos.
El gobierno acusa a YPF de no realizar las inversiones necesarias, lo que negó la empresa, principal petrolera del país.
En Madrid, el Ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo dijo a la prensa que la decisión argentina quiebra el clima de cordialidad y amistad bilateral tradicional.
“La decisión que ha tomado el gobierno argentino es una decisión hostil contra Repsol, por tanto contra una empresa española, por tanto contra España y el gobierno España”, dijo en rueda de prensa el ministro de Industria, José Manuel Soria. “España responderá con medidas claras y contundentes”, afirmó. No informó sobre cuáles serán las medidas.
España es el primer inversor extranjero en Argentina por delante de Estados Unidos.
La inversión directa de España en el país sudamericano alcanzó los $23,242 millones en 2010, un 26.3% del total con respecto al 16.8% de Estados Unidos, según datos del Banco Central de la República Argentina.
Soria y García-Margallo comparecieron en rueda de prensa en Madrid tras entrevistarse de urgencia con el presidente español Mariano Rajoy, que asistirá al Foro Económico Mundial para América Latina que se inaugura el martes en la ciudad mexicana de Puerto Vallarta, donde comenzaron a darse reacciones contrarias a la medida argentina.
El presidente de México, Felipe Calderón, lamentó la decisión del gobierno de Fernández e hizo votos para que rectifique una medida que calificó de “muy poco responsable y muy poco racional”, además de que consideró que es violatoria de acuerdos y tratados sobre el respeto de inversiones.
Durante la clausura de una reunión de Jóvenes Líderes Globales, en vísperas del Foro Económico Mundial en Latinoamérica, el mandatario mexicano dijo que es una decisión “que le va a hacer mucho daño a Argentina”.
Aseguró que el país sudamericano necesita la presencia de inversionistas, para quienes “el peor incentivo” es “ver que un país está expropiando las inversiones”.
La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) controla poco menos del 10% de las acciones de Repsol.
El proyecto de ley que el gobierno argentino envió el lunes al Senado señaló que de “las acciones sujetas a expropiación”, 51% pasarán a estar bajo control del Estado y el 49% restante se distribuirá entre las provincias productoras de petróleo, agrupadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos.
Se prevé que el proyecto será aprobado, ya que el oficialismo tiene el control en ambas Cámaras del parlamento.
Según Soria, el anuncio argentino rompe un acuerdo verbal alcanzado el 28 febrero entre los gobiernos de ambos países, en el que se comprometieron a solucionar los diferendos sobre YPF “por la vía del diálogo y la negociación”.
En México, el secretario de Economía Bruno Ferrari, dijo que recientemente hubo una solicitud de España para que el gobierno mexicano se involucrara en su diferendo con Argentina por Repsol, aunque dijo que aún está por definirse el papel que podría jugar.
Soria confió en que este proyecto no inicie una escalada de problemas a otras empresas españolas presentes en Argentina. España es el primer inversor extranjero en Argentina por delante de Estados Unidos.
Pero García-Margallo opinó que “cualquier temor es fundado”. Aseguró que el 32% de los casos pendientes de arbitraje en el comercio internacional “corresponden al actual gobierno argentino”.
Repsol tiene en la actualidad el 57.43% de las acciones de la petrolera argentina; la empresa participa además en un 25.46% por el grupo argentino Petersen, que es el responsable de su gestión. El Estado argentino tiene una participación minoritaria de 0.02% y la llamada acción de oro que impide un cambio de accionistas dentro de la compañía sin la autorización del representante estatal. En tanto, el 17.09% se cotiza en los mercados bursátiles.
De prosperar la iniciativa legislativa, el Estado controlará el 26.01% del total de la compañía y las provincias productoras de petróleo el 24.99%, mientras que Repsol quedaría con un porcentaje minoritario de 6.43%, destacaron medios de prensa.
Según el proyecto, la valoración de la compañía será efectuada por el tribunal de tasaciones y además habrá una remoción de la totalidad de los directores de la empresa. Fernández ordenó la intervención de la empresa.
“Esta Presidenta no va a contestar ninguna amenaza, no va a responder ningún exabrupto, no se va a hacer eco de las faltas de respeto o de frases insolentes que algunos dijeron. Soy una jefa de estado y no una patotera (peleadora)”, dijo la mandataria.
El gobierno español ha advertido que una nacionalización de YPF — que fue privatizada en los años 90– convertiría a Argentina en un “apestado internacional”, cuya consecuencia más directa se dejaría sentir no solo en sus relaciones con el país ibérico sino con toda la Unión Europea.
El consultor Emilio Apud, ex secretario de Energía de Argentina, dijo que esta es una “mala decisión que le va a dar una mala imagen al gobierno argentino y va a desincentivar las inversiones.”
Para Joe Amador, director para América latina de Scotia Waterous, el brazo energético del Scotiabank en Houston, Texas, “la verdadera pregunta es de dónde va a venir el dinero para la compra, si del gobierno o de un socio estratégico”.
Agregó que “se oye que los chinos estarían hablando con el ejecutivo… el tema que asusta a los inversionistas es no saber hasta dónde va a llegar la participación gubernamental o si va a incluir otras petroleras”.
Ministros y legisladores oficialistas celebraron la medida anunciada por Fernández en sus cuentas de Twitter. También la apoyaron grupos de izquierda como el opositor Proyecto Sur.
Fernández justificó su plan expropiador al señalar que la compañía convirtió a Argentina en importadora neta de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares en 2011.
“Somos el único país de Latinoamérica y yo diría casi del mundo que no maneja sus recursos naturales”, indicó la presidenta, quien afirmó que el proyecto en cuestión “no es un modelo de estatización”, sino “de recuperación de la soberanía”.
Se conserva a la empresa como “sociedad anónima” y la conducción de la misma será “absolutamente profesionalizada, dijo.
Fernández denunció una “política de vaciamiento, de no producción, de no exploración” de Repsol, por la cual, de no adoptar esta medida, “prácticamente nos encontraríamos con un país inviable”.
Reprochó a YPF no haber hecho inversiones en relación a los millonarios dividendos de las ganancias repartidos entre sus accionistas. Sostuvo que “la utilidad neta (de YPF) entre 1999 y 2011 ha sido 16.450 millones de dólares y los dividendos pagados han sido de 13.246 millones de dólares”.
La filial argentina representa el 42% de las reservas totales de Repsol, cifradas en 2.100 millones de barriles de crudo, y un 25% de sus beneficios de explotación.
“Toda empresa argentina cuyos accionistas sean extranjeros, en la medida que acompañen el crecimiento del país, seguirán trabajando codo a codo con nosotros”, dijo Fernández.
Seis provincias argentinas han retirado a YPF las concesiones para la explotación de distintas áreas hidrocarburíferas, alegando el incumplimiento de los planes de inversión. Ello supone el 18% de la producción nacional de crudo de la empresa.
