De la lista de 801 escuelas utilizadas en la cita electoral del domingo pasado, al menos seis están catalogadas como no aptas para uso y 192 como aptas parcialmente, según los informes de inspección del Departamento de Educación.

Por José M. Encarnación Martínez | Centro de Periodismo Investigativo

Los electores del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP) pudieron haber estado doblemente en riesgo el pasado domingo, 9 de agosto al participar del caótico proceso electoral. Sin mantener los seis pies de distancia que se exige por el COVID-19 en las filas de los colegios de votación, algunos sin mascarillas e interactuando con funcionarios sin suficiente equipo de protección, el ejercicio primarista se llevó a cabo en al menos seis escuelas con estructuras catalogadas de alto riesgo tras los temblores de tierra o por daños preexistentes, y que, a pesar de ello, fueron usadas como centros de votación.

En la lista de colegios electorales que entregó la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) aparecen seis escuelas identificadas por el Departamento de Educación (DE) con etiqueta roja (no aptas para uso), según la información suministrada al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). De la región educativa de Arecibo figuran en la lista tres planteles no aptos: la escuela Carmen Peraza Toledo, en Hatillo, y las escuelas Francisco Menéndez Balbañe y Félix Córdova Dávila, en Manatí.

La lista de centros de votación incluye además, 192 escuelas clasificadas como parcialmente aptas para abrir. El hecho de que una escuela aparezca en condición amarilla (apta parcial), según los registros del DE, no descarta la posibilidad de que esos planteles tengan recomendación de clausura por un ingeniero.

Los rojos 

En Gurabo, la escuela Margarita Rivera de Janer también sirvió de centro de votación a pesar de tener clasificación roja. Igualmente, las escuelas Segundo Ruiz Belvis, en Hormigueros, y la Abraham Lincoln, del Viejo San Juan. 

Las recomendaciones de clausura de las escuelas fueron producto de inspecciones oculares por expertos en ingeniería.

Sobre la escuela Margarita Rivera de Janer, en Gurabo, la inspección ocular con fecha del 15 de enero incluyó la recomendación de demoler una escalera en uno de sus edificios. Asimismo, se estableció como prioridad “delimitar el acceso completo al plantel debido a posibles problemas de columna corta”.

En el caso de la escuela Carmen Peraza Toledo, en Hatillo, el informe de inspección publicado por el DE tiene fecha del 13 de enero y recomienda no abrir la escuela por daños preexistentes. Se especificó que el plantel no sufrió daños a consecuencia de la actividad sísmica entre el 28 de diciembre de 2019 y el día de la inspección.

En el caso de las escuelas Félix Córdova Dávila y Francisco Menéndez Balbañe, en Manatí, las inspecciones publicadas por el DE tienen fecha del 10 y 11 de enero, respectivamente.

Mientras, la escuela Segundo Ruiz Belvis, en Hormigueros, recibió recomendación de clausura hasta tanto se hiciera una segunda inspección detallada sobre la estructura, que no presentaba daños significativos según el documento con fecha del 27 de enero.

Estas escuelas no cuentan con inspecciones más recientes que hayan sido publicadas por el DE.

La escuela Abraham Lincoln, en el Viejo San Juan, a pesar de que aparece en la lista del DE con etiqueta roja, en el último documento publicado por el DE — una reinspección del 26 de febrero — se le cataloga amarilla. No obstante, se indica que el poco mantenimiento había provocado daños que “requieren mantenimiento urgente”.

Los amarillos

En un recorrido realizado por el CPI, se confirmó que los funcionarios en al menos tres centros de votación no recibieron orientación sobre las condiciones de los planteles con observaciones de alto riesgo. Incluso, ninguno de los funcionarios de colegio consultados por el CPI pudo asegurar que la logística de los procesos de votación en estas escuelas se realizó tomando en cuenta las observaciones documentadas luego de las inspecciones comisionadas por el DE. Esto último, a pesar de que tan reciente como el pasado jueves, 6 de agosto, se registró un temblor de magnitud 4.8 al sur de Puerto Rico.

Por ejemplo, la escuela intermedia Josefina Ferrero, en Fajardo, es una de esas que según el DE están aptas para abrir parcialmente. En este caso, el plantel tiene una recomendación de clausura hasta que se atiendan áreas afectadas. Aún así, la escuela Josefina Ferrero fue utilizada como centro de votación el domingo, 9 de agosto.

A pesar de que este plantel está ubicado a unos 200 kilómetros en carretera del municipio de Guánica, uno de los más afectados por los fenómenos naturales que dejaron a cientos de familias puertorriqueñas sin techo, la estructura que se levantó en 1975, es vulnerable y, al igual que muchas escuelas del país, necesita reparaciones urgentes para resistir posibles sismos y reanudar operaciones.

Un informe del 19 de febrero pasado, firmado por el ingeniero inspector Francisco Rodríguez-Ema y con emblema de la compañía RC Group, LCC, especifica que el plantel de la comunidad Monte Brisas, con matrícula de 361 estudiantes hasta el pasado semestre, “queda clausurado hasta que se hagan los arreglos pertinentes”. La primera inspección llevada a cabo allí el 20 de enero por el ingeniero licenciado Daniel León, indicaba que “la escuela presenta posible condición de vulnerabilidad sísmica”.

De acuerdo con Wanda Cádiz Vázquez, coordinadora electoral de la unidad, la Josefina Ferrero es centro de votación para alrededor de 1,700 ciudadanos. Cádiz Vázquez no pudo precisar cómo fueron los procesos de orientación en cuanto a la condición del plantel y desconocía que el pasillo principal de la escuela, que da acceso a los cuatro salones utilizados como colegios, figura como una zona de alto riesgo en la última inspección que se le realizó a la escuela.

“Tenemos entendido que el lado de allá (el ala sur) no se puede usar, porque tiene ciertas grietas. Pero el lado que nos abrió el Departamento de Educación (ala este), que lo inspeccionaron, sí se puede usar, que es donde estamos nosotros los funcionarios y nuestros electores”, declaró, evidenciando su desconocimiento de la recomendación de clausura que realizó el ingeniero Rodríguez-Ema hace cinco meses.

La escuela, una de dos intermedias del municipio y cuyo mantenimiento corresponde a la Autoridad de Edificios Públicos, aparece en el informe más reciente con problemas en sus cuatro estructuras, así como en su patio interior. El único espacio apto para uso, de acuerdo a la inspección, es una franja de salones en el ala este, donde se llevan a cabo los procesos electorales, pero cuyo acceso depende del ala norte, donde el documento especifica  que hay “columnas en estado de deterioro severo” que requieren “reparo con premura”.

“Eso fue lo que yo informé [que la escuela no estaba apta para abrir], pero me dijeron que no era la persona que determinaba si la escuela se abría o no se abría. Yo cumplí con informar. Ellos tomaron las decisiones y tienen los informes, el primero y el segundo de la clausura”, aseguró al CPI la directora escolar Melissa Caraballo Báez.

Según fuentes del CPI, fue la directora regional de Humacao, Sol Ortiz Bruno, quien, tras consultar el caso con el subsecretario Eleuterio Álamo, ordenó la apertura de la escuela para fines electorales, amparándose en la clasificación amarilla que se le dio a la escuela en enero.

La Josefina Ferrero fue una de nueve escuelas de Fajardo a las que no llegaron las papeletas de las primarias el domingo, 9 de agosto, por lo que es centro de votación activo de cara a la continuación de los procesos este domingo, 16 de agosto.

Luego del informe de febrero no se ha realizado ninguna labor de construcción para corregir los daños en la escuela. Tampoco se ha llevado a cabo una tercera inspección.

Curiosamente, el plantel, aún con clasificación amarilla, no será utilizado este semestre escolar, pues dada la condición de su infraestructura el DE planificó un interlocking con la escuela superior Santiago Vevé Calzada, donde también se sumará la matrícula de la escuela intermedia Antonio Valero, otra con clasificación amarilla en la lista del DE.

Es decir, de comenzar el semestre escolar de forma presencial, el plan del DE en Fajardo es que tres escuelas operen en un mismo plantel en tiempos de pandemia. La suma de la matrícula de estas tres escuelas rondaría los 900 estudiantes y 80 maestros, aproximadamente. De comenzar las clases presenciales, serían dos turnos diarios: Santiago Vevé Calzada y Antonio Valero operando en el plantel de 7:30 de la mañana a 12:30 de la tarde, mientras la Josefina Ferrero operaría de 12:30 a 5:30 de la tarde.

De cara a la continuación del proceso electoral, el caso de Fajardo sugiere que no hay seguridad de que el resto de las 191 escuelas con catalogación amarillas que figuran como centros de votación en las listas de la CEE, están siendo ocupadas siguiendo las recomendaciones de los ingenieros inspectores. Además, no hay certeza de que lo señalado en las inspecciones publicadas en enero y febrero por el DE tenga validez al presente luego de la cantidad considerable de temblores que han seguido sacudiendo especialmente a la zona sur de Puerto Rico desde entonces.

Más de 600 escuelas públicas se han clausurado en Puerto Rico desde el 2010 debido a la política de cierres impulsada por administraciones del PNP y PPD, así como a consecuencia de desastres naturales como el huracán María y los terremotos.

A pesar de que el secretario de Salud ve cuesta arriba el regreso a clases de manera presencial, ante el panorama de incertidumbre, no poder garantizar el distanciamiento genera gran preocupación ante el  inicio paulatino de las clases en medio de la pandemia. El CPI pudo confirmar que, aunque la idea impulsada por sectores magisteriales — como la Federación de Maestros — de rehabilitar planteles cerrados para reducir el tamaño de los grupos estudiantiles ha caído en oídos sordos, para el proceso primarista del 9 de agosto se abrieron, por lo menos, 92 escuelas que habían estado cerradas.

Tatiana Díaz Ramos colaboró en esta historia.

José M. Encarnación Martínez es miembro de Report for America