Por Luisa García Pelatti
La Alianza Público-Privada (APP) para operar el aeropuerto que firmó el Gobierno con el consorcio Aerostar Aeropuerto Holdings (Aerostar) puede que no sea perfecta, pero la cancelación del contrato traería más perjuicios que beneficios, señala la economista Heidie Calero, presidenta de H Calero Consulting Group. En un artículo publicado en su página web titulado “Can PPP’s Spearhead the Recovery?”, Calero indica que Puerto Rico se ha convertido en un líder en el sector y que la administración entrante deberá supervisar si la APP ayuda a logar una recuperación económica sostenida.
La economista destaca que “una de las críticas fuertes contra el acuerdo del aeropuerto Luis Muñoz Marín se refiere al compromiso de ASUR de pagar/invertir $ 2,600 millones. Algunos expertos, locales o extranjeros, creen que Puerto Rico muy poco por una joya como el aeropuerto”. La concesión se otorgó en un proceso de subasta en el que participaron más de una decena de competidores. Calero opina que “con esa competencia, es razonable asumir que Puerto Rico obtuvo el mejor precio posible”.
“Sin embargo, el proceso de licitación podría no haber sido suficiente para compensar la débil posición negociadora del gobierno central”, explica. La necesidad que tiene el gobierno de reducir la deuda de la Autoridad de los Puertos, que asciende a $925 millones, podría haber debilitado la capacidad negociadora. Durante el proceso de subasta el Gobierno dejó claro que buscaba la propuesta que ofreciera el mayor pago inicial.
Otro tema de crítica es la extensión de contrato. La mayoría de los contratos de APP son por 25 o 30 años. El del aeropuerto tiene una duración de 40 años.
“El gobierno de Puerto Rico tendrá que supervisar los resultados de ASUR y crear una métrica eficiente para hacerlo”, dice Calero. En 40 años pueden cambiar muchas cosas y no se debe descartar que se revise el contrato antes de que llegue a completarse.
La transacción está pendiente de recibir la aprobación d ela Administración Federal de Aviación (FAA)
