Francisco A. Catalá Oliveras. (Foto Sin Comillas)

Esta es la segunda de una serie de entrevistas a economistas

Por Luisa García Pelatti

Nacido y criado en Yauco, Francisco A. Catalá Oliveras obtuvo un bachillerato y una maestría en la Universidad de Puerto Rico y tiene un doctorado en economía de la Universidad de Georgetown. Se desempeñó como catedrático en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y Río Piedras.

Sirvió durante muchos años como asesor de la Central Puertorriqueña de Trabajadores y es autor de numerosas publicaciones, entre ellos «Democracia obrera: Autogestión o privatización?», ‘’El Callejón del Sapo: Teoría y Gestión del Cooperativismo”, «El movimiento cooperativista en Puerto Rico: Un paso más» y su más reciente publicación titulada «Promesa rota: Una mirada institucionalista a partir de Tugwell».

Opina que a la economía de Puerto Rico, en el mejor de los casos, le esperan años de estancamiento. Critica la dependencia de fondos federales, la “adicción a la ayuda”, y que la principal apuesta de crecimiento económico sea la promoción convencional de enclaves de inversión directa externa.

Pregunta.– ¿Por qué decidió estudiar economía?

Respuesta.– Creo que en mi decisión de estudiar Economía se conjugaron factores vocacionales y accidentales. Inicialmente me interesaban, en general, las Humanidades y las Ciencias Sociales con el propósito, aunque un tanto vago, de luego estudiar Leyes. No obstante, durante los inicios del bachillerato me atrajo la concreción teórica y práctica de la llamada “ciencia lúgubre”. Quizás las lecturas en la Facultad de Estudios Generales –en todos sus cursos me parecieron extraordinarias–, sospecho que las selecciones de la obra de Adam Smith y de David Ricardo junto al ensayo “Del socialismo utópico al socialismo científico” de Federico Engels, influyeron en tal inclinación. Sin embargo, más empujado por el viento y arrastrado por la corriente que por la vocación, continué con el propósito de estudiar Leyes. Me salvó una beca –francamente la necesitaba– de un programa que entonces se iniciaba en la Universidad de Puerto Rico (UPR): Escuela Graduada de Planificación. Allí hice la maestría. Posteriormente, luego de trabajar varios años en el Colegio Universitario de Arecibo (UPR) y gracias a la ayuda económica de la UPR y a una beca de la Fundación Ford– las que también necesitaba–  ingresé a  Georgetown en Washington D.C. en donde obtuve el doctorado en Economía. Ya han pasado muchos años. Me siento afortunado por el camino recorrido. Mi profundo agradecimiento a la Universidad de Puerto Rico –me jubilé en Río Piedras– solo es comparable con mi preocupación por la incertidumbre que ahora enfrenta.

P.– En el gobierno no hay muchos economistas en posiciones de toma de decisiones. La política económica está más en manos de abogados. Explique al gobierno para qué sirve un economista.

R.– Rexford G. Tugwell, economista y último gobernador norteamericano de Puerto Rico, solía decir, presumo que en tono de broma, que a los abogados, obnubilados por los precedentes, se les hace difícil mirar hacia el frente puesto que están empeñados en mirar hacia atrás. Por lo tanto, insistía el viejo economista institucionalista, corren el riesgo de tropezar con el futuro y caer de bruces. En realidad, más que al gremio de abogados, esto aplica a toda la sociedad puertorriqueña. Es Puerto Rico el que ha caído de bruces. No obstante, hay que admitir que las posiciones encargadas de tomar decisiones en todas las ramas del gobierno han estado eminentemente ocupadas por abogados, en la Judicial por definición y en la Legislativa y Ejecutiva por elección o designación. ¿Para qué sirve un economista? En ocasiones albergo ciertas dudas… Pero para algo tiene que servir. Puede empezar por ofrecer una perspectiva temporal más coherente y amplia, vinculando las políticas de impacto inmediato con los objetivos públicos de mediano y largo plazo, paso clave para definir una verdadera estrategia de desarrollo. También podría ayudar a enfrentar el corrosivo problema de cacería de rentas: proliferación de subsidios, erosión de la base tributaria, formación de estructuras de mercado de orientación monopólica, colusión, estatutos que propician la socialización de costos y la privatización de beneficios en perjuicio del colectivo social… En los intersticios de la cacería de rentas, como parte de ella, anida la corrupción. Tal vez sea capaz de identificar a tiempo los efectos no deseados –conducta perversa– de cierta legislación. Por ejemplo, si los ingresos municipales dependen de impuestos sobre la propiedad o sobre la construcción se hará un tanto difícil cultivar la sensibilidad ambiental entre los alcaldes; puede también advertir que un impuesto sobre inventarios aumenta la vulnerabilidad de la economía, sobre todo si ésta es insular y abierta. En fin, puede reconocer las contradicciones entre los objetivos públicos y las instituciones e instrumentos con que se cuenta para lograrlos y diseñar vías para su reconciliación. Pero ojo, cuando en alguna disciplina se hace referencia a lo que se puede hacer se confrontan dos listas: lo que se debe y lo que no se debe hacer. Ambas son extensas.

«Todas estas crisis se han dado en un Puerto Rico que se encoge: se reduce la economía, el empleo, la población, la capacidad política, la educación, la ética, la esperanza…»

P.– Huracanes, terremotos y COVID, ¿qué más le espera a una economía que no estaba creciendo? ¿Cuánto tiempo va a tardar la economía en recuperarse?

R.– Cuando las crisis se suceden unas a otras –huracanes y terremotos coronados por el virus– se corre el riesgo que en atención a la más inmediata se olviden las otras. Todas estas crisis se han dado en un Puerto Rico que se encoge: se reduce la economía, el empleo, la población, la capacidad política, la educación, la ética, la esperanza… Aunque oficialmente la contracción económica comenzó en marzo de 2006,  desde mucho antes se advirtió el agotamiento. Lo que va del siglo 21 son años perdidos. ¿Y los anteriores? Durante el periodo 1940-2000 el menor crecimiento se registró en la década de 1980, cuando reinaba la sección 936 y cuando las transferencias federales superaron el 20 por ciento del Ingreso Nacional Bruto. En el año 1970 este coeficiente era de 7 por ciento. Las décadas de “oro” de Operación Manos a la Obra, años de gran crecimiento económico, fueron las de los cincuenta y sesenta. Pero durante las mismas se dio el mayor flujo emigratorio en la historia del país. Operación Manos a la Obra sacó del país más manos de las que puso a trabajar. Ahora, en los “años malos,” se repite la historia de los “años buenos”. ¿Qué nos dice esto? Que en Puerto Rico no se ha experimentado verdadero desarrollo, que éste se ha confundido con el crecimiento de los enclaves de inversión directa externa que van y vienen, cuyo costo –fiscal, ambiental, extractivo (excedente)– suele pasarse por alto y que siempre han requerido la compañía de crecientes transferencias  federales ¿Recuperación? Se apuesta a fondos federales y a la vieja estrategia de promoción de enclaves. Lo primero genera rebotes pasajeros; lo segundo, más difícil, siempre es insuficiente. Por lo tanto, en el mejor de los casos, la economía oscilará a lo largo de una recta de relativo estancamiento, sin que falten entusiastas aplausos cuando se den los repuntes momentáneos; en el peor de los casos se deslizará por una curva descendente, acentuándose así los problemas que la han estado marcando. ¿Desarrollo? No está a la vista. Requeriría un montaje institucional al que los gobernantes parecen estar ajenos.

P.– ¿Cree que se han tomado las medidas adecuadas para hacer frente al COVID? ¿Qué se ha hecho mal?

R.– Es muy difícil, en medio de una pandemia, juzgar adecuadamente para precisar qué se ha hecho mal o bien. Los cierres, para proteger la vida, y las aperturas, para hacerla posible, se asemejan al que camina por la cuerda floja, siempre en necesidad de equilibrio.  Dicho esto, debo confesar que me ha sentado mal el tono alarmista de los oficiales públicos. La histeria ha desplazado a la educación y a la información clara y coherente. Por otro lado, el manejo de los fondos federales, como después del huracán, ha sido fatal. Pero esto ya es tradición. Se usan mal los fondos de aquí y de allá. Baste citar el largo historial de “irregularidades” en el Departamento de Educación, sobre todo cuando de suplidores de servicios se trata. Más allá de la pandemia, hay que enfrentar el mal generalizado, desde arriba hasta abajo, de la “adicción a la ayuda”. La ayuda efectiva es la que se usa tan bien que se torna innecesaria. Pero aquí el aparato político hace todo lo posible por convertirla en vicio. Casi parece que vencer problemas, como la pobreza y la desigualdad, se juzga contraproducente porque se “perderían fondos”. Es decir, se convierte al desarrollo en algo peligroso… Esto parece absurdo, pero responde a una lógica perversa que no ha pasado inadvertida en algunos estudios sobre la cultura del subdesarrollo y la subordinación.

P.– Al margen del COVID, ¿cuál es a su juicio el mayor problema económico de Puerto Rico?

R.– Los problemas son muchos: agotamiento de la base productiva, baja tasa de participación laboral, emigración, desajuste demográfico, porosidad de la estructura tributaria, insuficiencia fiscal, endeudamiento, debilidad de la seguridad social, pobreza, desigualdad… Pero todo esto son consecuencias de la disfuncionalidad institucional: carencia de poderes o de capacidades políticas críticas para el ordenamiento interno y para la inserción en la economía global de manera que prime la interdependencia equilibrada.

P.– ¿Qué sectores económicos tienen mejores perspectivas de futuro?

R.– Mientras se carezca del instrumental institucional –y que se use efectivamente– que requiere todo país para su desarrollo las perspectivas para el futuro no son halagüeñas. No obstante, ya que la pregunta se ha formulado hagamos el esfuerzo de contestarla haciendo caso omiso de tan formidable impedimento. Entre otros cabe destacar tres sectores en los que, de arranque, se cuenta con algunas ventajas, comenzando con la experiencia: turismo, procesamiento de alimentos y medicamentos genéricos. En el caso del turismo debería destacarse  el entretenimiento, la dimensión cultural y los aspectos ecológicos. El procesamiento de alimentos se nutriría de importaciones y de producción local, lo que viabilizaría el potencial agrícola de Puerto Rico. Esta actividad, aparte de fortalecer la tan invocada seguridad alimentaria, sería fuente de exportación para el mercado latino de Estados Unidos. En la instancia de los medicamentos genéricos valga recordar unas propuestas de empresarios locales respecto a la posibilidad de establecer empresas conjuntas (“joint ventures”) en este campo. ¿Se hará algo de esto? Probablemente no. El marco institucional que prevalece propicia la dependencia y la promoción convencional de enclaves de inversión directa externa.

P.– ¿Cómo ha pasado los días de confinamiento?

R.– Protejo la vida para vivirla. Por lo tanto, comparto con amigos (algunos), hijos y nietos, leo, escribo…