Por Luisa García Pelatti

El Gobierno de Puerto Rico no está solo en su lucha por lograr un marco legal para reestructurar su deuda pública. El pasado mes de septiembre, Naciones Unidas aprobó, con el apoyo de 136 países y el voto en contra de seis (entre ellos Estados Unidos), una serie de principios que deben regir la reestructuración de las deudas soberanas. El próximo paso debe ser lograr un tratado internacional que establezca un regimen de quiebra que puedan utilizar todos los países. Lograrlo será tarea difícil, advierte Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía y profesor en la Universidad de Columbia; y Martín Guzmán, investigador postdoctoral en la Universidad de Columbia, en un artículo publicado en la página de Internet del Foro Económico Mundial.

Naciones Unidas establece nueve principios para la reestructuración de la deuda soberana: el derecho a iniciar una reestructuración de la deuda, la inmunidad soberana, el tratamiento equitativo de los acreedores, la reestructuración por parte de una “supermayoría” de los acreedores, la transparencia, la imparcialidad, la legitimidad, la sostenibilidad y la buena fe en las negociaciones.

“Los últimos acontecimientos ponen de relieve los enormes riesgos que plantea la falta de un marco para la reestructuración de la deuda soberana. La crisis de la deuda de Puerto Rico no se puede resolver. Los tribunales de Estados Unidos invalidaron la ley de quiebras local, dictaminando que debido a que la Isla es, en efecto, una colonia de Estados Unidos, su gobierno no tenía autoridad para promulgar su propia legislación”, señalan Stiglitz y Guzmán.

Lograr la aprobación de un tratado internacional que establezca las normas para que los países puedan reestructurar su deuda evitaría casos como el de Argentina, que tuvo que aceptar que un tribunal de Estados Unidos permitiera que una pequeña minoría de fondos buitres pusiera en peligro un proceso de reestructuración alcanzado con el 92.4% de los acreedores. Del mismo modo, se hubiera evitado que en Grecia, la ausencia de un marco jurídico internacional permitiera a los acreedores (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) imponer duras medidas de austeridad.