Por Luisa García Pelatti
La degradación de Standard & Poor’s Ratings (S&P) les ha dejado un sabor amargo, pero Melba Acosta y Javier Ferrer son conscientes de que han evitado la degradación de la deuda a “chatarra” y que han logrado comprar tiempo, dos años, para poner en marcha las medidas propuestas. Pero no olvidan que si no hacen lo que han dicho que harán, la degradación puede llegar.
“En 71 días no se salva el crédito de un país. La gran mayoría de lo que tenemos que hacer para salvar nuestras finanzas está en nuestras manos: la reforma de Retiro, ya presentada y esperando el aval legislativo; trabajar en un presupuesto balanceado, algunas medidas están en proceso; el desarrollo económico; la aprobación legislativa de las medidas necesarias para llegar a esta metas y tenemos que ejecutarlas efectivamente”, comentó el presidente del Banco Gubernamental de Fomento en reacción a la decisión de S&P.
“Francamente, no es justo que se nos juzgue luego de 71 días cuando la administración ha tomado acciones tan contundentes en tan corto plazo.Necesitamos que nos den espacio. Al igual que las casas (acreditadoras) nos han dado oxígeno al no degradarnos a chatarra, que el país nos de espacio para continuar tomando las medidas que hay que tomar”, añadió.
Ferrer opina que la degradación al último escalón de grado de inversión “claramente no es una acción positiva para el país, pero tampoco nos debe tomar por sorpresa, dado lo que otras casas han estado expresando”. El funcionario se refiere a que ya Moody’s había degradado la deuda del Gobierno en diciembre y que la decisión de S&P lo que ha hecho es uniformar las clasificaciones.
La decisión de S&P de no degradar a “chatarra” la deuda es un voto de confianza a los planes que el equipo económico les presentó. Les da espacio para reducir el déficit del Fondo General y resolver la situación del Sistema de Retiro. No obstante, Acosta y Ferrer creen que es necesario pasar legislación pronto, “no podemos dorminos en las pajas, hay que actuar con celeridad” y lo más parecido a lo que se presentó. Porque esto es como un rompecabezas”.
El déficit del Fondo General es de $2,157 millones. La amnistía propuesta ($120 millones) y los esfuerzos para cobrar a los deudores de IVU ($20 millones) pueden ayudar a reducir el déficit. Pero se necesitan otras medidas, como el pago adelantado de regalías ($280 millones). Además, el gobierno tendrá que refinanciar deuda antes del 30 de junio para repagar $775 millones al BGF.
