Por redacción de Sin Comillas
“La investigación en torno a los actos ilícitos que han dominado las altas esferas de la dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en los últimos años no puede resolverse únicamente con la radicación de cargos contra el exvicepresidente de la Junta de Gobierno de la corporación, José Pérez Canabal, su contable Roberto Torres y el abogado Francisco Santos, toda vez que la línea de extorciones y corrupción en la agencia es más amplia e implica a más personas”, denunció el liderato de la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la AEE, a quienes les preocupa que el Departamento de Justica no extienda su pesquisa hacia otros exmiembros del ejecutivo de la AEE, incluyendo exdirectores, a quienes se les atribuyen ejercieron presión indebida para impulsar varias propuestas de negocios a favor de amigos y socios.
Ayer, miércoles, el Departamento de Justicia presentó 22 cargos contra Pérez Canabal y dos de sus asociados por delitos cometidos en negociaciones relacionadas a proyectos energéticos otorgados bajo la pasada administración gubernamental por un monto de $190 millones para la construcción de una planta solar de energía renovable en Guayanilla.
Sin embargo, en el verano de 2012 los líderes de la Alianza denunciaron ante el FBI y el NIE actuaciones de altos ejecutivos de la AEE vinculadas a hechos que resultaron en extorsión, fraude y conspiración para favorecer a un competidor en el proceso de otorgación de los contratos de energía renovable.
“Durante la pasada administración, la AEE fue víctima de una compleja guerra corporativa entre varias empresas, en particular Tropical Solar y Ciro Energy, quienes buscaban controlar el fondo millonario destinado para desarrollar modelos de energía renovable. Esa batalla empresarial contó con la intervención indebida e ilegal de altos funcionarios de la AEE, así como de políticos y bufetes legales, información que está contenida en el extenso informe que presentamos a las autoridades federales y estatales con más de medio centenar de documentos públicos, privados y corporativos”, aseguró Ernesto Santiago Pérez, presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE.
En ese sentido, el líder sindical exigió al Departamento de Justicia que amplíe su investigación, al tiempo que exhortó al FBI a intervenir urgentemente en la pesquisa.
Santiago Pérez recordó que el 25 de junio de 2012 la Alianza denunció ante el entonces gobernador, Luis Fortuño Burset, las irregularidades en el manejo de los proyectos de energía renovable desde la Junta de Gobierno y requirieron la intervención de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental para que investigarán a José Ortiz, expresidente de la Junta; a los funcionarios del área de auditoría de la AEE; y a todos aquellos que participaron en la concesión de contratos de energía renovable, incluyendo exmiembros de la Junta de Gobierno.
“No vamos a permitir que la corrupción quede impune en nuestra corporación pública. Lo dijimos en el pasado y lo repetimos hoy: el Estado también debe ordenar una investigación contra todos los directivos de la AEE que de alguna manera se hicieron la vista larga y consintieron acciones prejuiciosas en la otorgación de contratos de energía renovable, en particular el otrora presidente de la Junta, José Ortiz; Jerome Garffer; Rubén Hérnandez Gregorat; Edgardo Fábregas; Eugenio Torres; Andrés Salas Soler; y al exdirector Josué Colón”, indicó Luz Marixibelle López Rivera, presidenta de la Asociación de Gerenciales de la agencia.
La dirigente gremial recordó que la renuncia de Pérez Canabal a la Junta de Gobierno de la AEE, el 25 de junio de 2012, fue resultado de las denuncias hechas cuatro días antes por la Alianza y en la que mostraron evidencia que implicaba al entonces vicepresidente del cuerpo directivo de la agencia con su amigo, vecino y ex contable Torres Torres.
“Hemos sido claros y consistentes en denunciar el pillaje en la AEE y poco a poco van quedando al descubierto quienes han venido a la Autoridad a saquearla para entregársela a los intereses corporativos de los empresarios de la energía renovable. Quedan emplazados todas las autoridades del gobierno, incluyendo la Legislatura, para que se adentre en esta investigación y destapen las trampas de quienes también financian sus campañas políticas”, indicó Evans Castro, líder de la Unión de Empleados Profesionales Independiente (Uepi).
Aunque John Cestares, vicepresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), catalogó como loable la acción del Departamento de Justicia al radicar cargos contra Pérez Canabal y sus socios dejó claro que queda camino por recorrer.
“En la Junta de la AEE han llegado personas a asaltar sus arcas. Ya vimos como lo hizo Pérez Canabal con los dineros de energía renovable, mas no olvidemos que también Jerome Garffer hizo lo mismo para proteger a una aseguradora de salud por su afiliación política. ¿Y qué ha pasado con eso? Nada. Es hora de actuar”, acotó el líder de la Utier.
Para la Alianza, según manifestaron sus representantes, es importante que se descubran todos los entresijos en la otorgación de contratos millonarios en la corporación pública y se procesen legalmente a quienes han abusado de la confianza del pueblo, máxime cuando hubo uso de fondos federales y en momentos en que hay apremio por identificar ante el país cuáles son las fugas de capital que desangran la agencia.
