Por Luisa García Pelatti
La ausencia de leyes que ofrecen protección a los trabajadores en el caso de despidos injustificados, una doctrina de empleo a voluntad, tiene sentido en una economía como la de Estados Unidos, que tiene una tasa de desempleo muy baja, cercana a pleno empleo. Pero la economía de Puerto Rico está lejos de tener pleno empleo, con una tasa de desempleo de 9.9% y una tasa de participación laboral, 40.4%, que está entre las más bajas del mundo.
Según un análisis realizado por Heidie Calero, presidenta de H. Calero Consulting Group, eliminar la Ley 80 (que establece una indemnización a los trabajadores que son despedidos sin justificación) y adoptar una doctrina de empleo a voluntad, donde los trabajadores pueden ser despedidos en cualquier momento sin razón alguna, no resuelve los problemas de falta de empleo, baja participación laboral y un alto nivel de desempleo.
En un artículo titulado “Is Employment At Will A Solution?: Analysis of Proposed Changes to Labor Laws in Puerto Rico”, publicado en Economic Pulse, Calero explica que los costos para contratar o despedir a un empleado no es el principal problema que tienen las empresas en Puerto Rico. El problema es “la falta de oportunidades de inversión, un complejo sistema burocrático de permisos, financiamiento limitado para capital de trabajo y una infraestructura energética frágil, entre otros factores”.
Empresarios y la Junta de Control Fiscal están apostando a que la derogación de la Ley 80 y la reforma laboral pendiente en la Legislatura es buena para las empresas. Pero no lo es en el largo plazo, advierte Calero.
El Gobierno sabe que la eliminación de la Ley 80 no va a crear empleo. La única justificación para eliminarla es que es parte de un acuerdo entre el Gobierno y la Junta, para evitar eliminar el bono de Navidad a empleados públicos y privados y reducir los días de vacaciones y de enfermedad.
La doctrina de empleo a voluntad está vigente en 49 de los 50 estados de Estados Unidos. La excepción es Montana.
Aunque toda la atención mediática se ha centrado en la eliminación de la Ley 80, en la Legislatura también está pendiente una reforma laboral que propone aumentar de forma gradual el salario mínimo de federal a medida que aumente la participación laboral. Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) estarán exentas del aumento en el salario mínimo. Calero advierte que, aunque con esta medida se busca reducir los costos laborales de las Pymes, en realidad las convierte en menos competitivas porque las hace menos atractivas para los trabajadores, que preferirán trabajar por un salario mayor en una gran empresa.
Cuando se compara con varios países europeos, la reforma laboral de Puerto Rico se queda corta, dice Calero, que en otros países incluyen otros aspectos como flexibilidad laboral para as empresas, beneficios para los empleados e incentivos para la participación laboral.
