Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal le dio la bienvenida a la decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. que deniega la petición del Gobierno de Puerto Rico de que se revise la opinión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los EE.UU., que rechaza la intención del Gobierno de expandir su poder de gastos más allá de de los niveles autorizados por la Junta.
El Tribunal Supremo rechazó la apelación del Gobierno, que buscaba la autoridad de utilizar fondos no identificados que no se utilizaron en ciclos presupuestarios previos, pre-PROMESA. El Gobierno violó el Plan Fiscal Certificado de la Junta y los requisitos establecidos por PROMESA.
El Tribunal de Apelaciones de los EE. UU., en Boston, ha declarado que la gobernadora de Puerto Rico no puede llevar a cabo gastos a menos que estén autorizados por medio de un presupuesto y plan fiscal certificado por la Junta. Además, el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. determinó que la Junta puede hacer obligatorio -en un plan fiscal- sus recomendaciones previas al Gobierno, incluso aquellas rechazadas por éste.
