Por redacción de Sin Comillas
“La Junta de Supervisión no quiere recortar las pensiones. Las limitaciones legales y fiscales que pesan sobre Puerto Rico, no las ideologías, son las que obligan a la Junta de Supervisión a reformar las pensiones”, manifestó en declaraciones escritas la Junta de Control Fiscal, que atribuyó el problema de las pensiones de los empleados de Gobierno a “décadas de mal manejo financiero, pobre financiamiento y préstamos sobre las pensiones de la gente”.
“Si el gobierno de Puerto Rico no hubiera comenzado a pagar las pensiones utilizando como fuente de financiamiento el presupuesto del fondo general, los pensionados ya habrían dejado de recibir sus cheques. Pero eso significa que, de su presupuesto operacional, el gobierno tiene que identificar los fondos para pagar el costo anual de las pensiones (aproximadamente $2,500 millones al año), dado que los sistemas de retiro están en quiebra”.
La Junta dice que no duda que las intenciones del Gobernador de pagar las pensiones en su totalidad sean sinceras, “pero lamentablemente la realidad es que el gobierno no tiene el dinero para sufragar este gasto”. “Los jubilados en Puerto Rico no tienen la culpa de la situación en la que se encuentran el Gobierno y los sistemas de retiro. Los jubilados son víctimas de la conducta irresponsable de gobiernos anteriores. La reforma de pensiones de la Junta de Supervisión está diseñada para corregir estos errores, logrando que las pensiones sean asequibles y sostenibles para el Gobierno, mientras se cumple con la ley PROMESA”, manifestó la Junta.
Bajo el proceso de Título III de PROMESA, los pensionados se consideran acreedores no asegurados, cuyo trato bajo el plan de ajuste tendrá que ser aprobado por un tribunal. PROMESA provee para que solamente la Junta pueda proponer cuánto recibirán los pensionados; no el Gobernador. Pero todo lo que proponga la Junta tendrá que ser aprobado por un tribunal. Otros acreedores del Gobierno, como los bonistas, argumentarán ante el tribunal que el dinero que va dirigido a pagar las pensiones debería destinarse al pago de los bonos del Gobierno. Algunos de estos acreedores también argumentarán que la Constitución de Puerto Rico establece que la deuda tiene prioridad y se debe pagar antes que las pensiones.
La Junta dice que “hará todo lo que esté en sus manos para asegurarles a los retirados la mayor cantidad posible de sus pensiones”. No obstante, legalmente la Junta dice que está consciente de que el tribunal no permitirá que las pensiones se paguen en su totalidad, cuando los bonistas reciben mucho menos de lo que se les debe. “Es por esto que la Junta de Supervisión desarrolló una política para reformar las pensiones que ha sido parte de cada Plan Fiscal desde 2017. Esa iniciativa, que ha resultado en una recuperación del 90% de los dineros de los pensionados, también intenta limitar los recortes a aquellos que están en una mejor posición económica para asumirlos”.
