José García. (Foto suministrada)

Opinión

Por José G. García López*

Durante los últimos años hemos visto ante la opinión pública diferentes teorías de colegas y analistas sobre cuáles fueron los factores que incidieron en la crisis fiscal y desembocara en la quiebra del Gobierno de Puerto Rico. Una de las primeras teorías aludidas ha sido la falta de disciplina y prudencia en manejo de nuestra hacienda pública. Principalmente, la falta de control de gastos y deuda pública. La otra teoría planteada sobre la mesa es el impacto macroeconómico devastador que tuvo la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal.

Ambas teorías son válidas y explican parte de las razones de por qué terminamos en una crisis económica y quiebra fiscal. No obstante, la investigación que he estado llevando a cabo sobre el sistema contributivo de la Isla nos arroja otra nueva teoría o vertiente que ha estado subyacente en esta discusión.

Desde la década del cincuenta los gobiernos por diferentes razones han postergado tomar decisiones dirigidas aumentar la base contributiva de los impuestos y los ingresos fiscales.  Primero, fue la exención contributiva industrial de 100% sobre ingresos, propiedad y arbitrios a empresas extranjeras por un periodo de 10 años. A pesar de que esta exención nos dio beneficios económicos a través de la creación de empleos y salarios en la manufactura; tuvo también un alto costo fiscal. Es decir, que por décadas el gobierno dejó de recibir una cuantiosa suma millonaria de ingresos al fondo general por décadas. Las advertencias sobre el costo o impacto fiscal de la exención contributiva industrial fueron señaladas tanto por los propios funcionarios públicos y economistas locales (Descartes, 1954) y norteamericanos (Taylor,1957)

De igual forma, el aumento en las exenciones al impuesto sobre la propiedad como la falta de la actualización de su base (valor tasado) por medio de un proyecto de retasación; es otro ejemplo típico de este comportamiento. En el caso de la retasación de la propiedad inmueble ésta se ha postergado por más de 60 años debido a razones de índole político; creando también pérdida significativa de ingresos fiscales. Tanto el Informe Tobin (1975) como el Informe Echenique (1976) recomendaron que se atendiera este asunto con urgencia por las repercusiones fiscales y los problemas de equidad causados. No empecé a esto, se continúo tratando el asunto como un “balón político”.

En resumen, la evidencia empírica nos indica que otra de las razones fundamentales que contribuyeron a que el país terminara en una quiebra fiscal fue la incapacidad de los gobiernos de diseñar medidas impositivas que aumentaran la base contributiva y los recaudos fiscales a largo plazo. ¡Además, esta falta de responsabilidad en la fiducia pública hizo que el gobierno incurriera en déficit recurrentes y aumentara su propensión marginal al endeudamiento de forma desmedida e insostenible!

Esperemos que ahora que se ha propuesto una reforma contributiva por el Gobernador, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, nos aseguremos que la misma provea el potencial de aumentar la base impositiva para generar los recursos necesarios y así promover la equidad y justicia para todos los contribuyentes.

  • El autor es profesor adjunto de economía en el Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico.