Por Luisa García Pelatti
De los tres proyectos de ley que está considerando la Legislatura para crear un ente regulador de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el que más beneficia al consumidor es el proyecto del Senado, según el Centro para una Nueva Economía (CNE).
Esta organización publica un documento titulado “Entendiendo la reforma energética” (Entendiendo.la.reforma.energética), en el que responde a algunas de las principales dudas que plantea la existencia de tres proyectos diferentes.
“En nuestra opinión el proyecto presentado por el Senado es el que más beneficia al consumidor”, señala CNE. Crea una junta reguladora exclusivamente para el sector que podrá exigir el cumplimiento con parámetros de eficiencia; podrá revisar y aprobar las tarifas y podrá regular el mercado eléctrico.
Los otros del proyectos (Fortaleza y Cámara de representantes) lo que hacen es ampliar las labores de la actual Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT). “Esto no nos parece una buena idea ya que la complejidad del sistema eléctrico requiere la atención de un ente regulador que tenga el conocimiento y los recursos necesarios para poder llevar a cabo su misión. La tarea de supervisar y fiscalizar a la industria eléctrica requiere de un organismo especializado que pueda dedicarse a ella a tiempo completo”, dice el CNE.
El principal problema de la propuesta por Fortaleza es que penaliza a los consumidores que quieran presentar una querella, ya que impone al querellante una fianza. “Lejos de fortalecer las protecciones a los consumidores y a los productores independientes, la legislación del gobernador parece dirigida a desalentar las querellas y limitar el acceso a los ciudadanos”.
El CNE desmonta una de los argumento de gobierno ejecutivo para que sea la misma junta la que supervise las telecomunicaciones y la electricidad: no hay dinero para crear otra junta reglamentadora. “Una junta reglamentadora robusta, con expertos en el sistema eléctrico puede costar de $3 millones a $5 millones anualmente. El funcionamiento actual de la AE le cuesta a las empresas y a los consumidores más de $1 billón en cargos ocultos en las fórmulas que usa para facturar”.
“En nuestra opinión, el proyecto sustitutivo del Senado constituye un esfuerzo serio para lograr esos objetivos”.
