Por Luisa García Pelatti

“La estructura económica no ha evolucionado para dotar al País de capacidad endógena de crecimiento. Como resultado, la economía no es capaz de alcanzar el ritmo de producción necesario para sostener a una población que no encuentra participación en las actividades productivas. Esta situación empeora con el pasar del tiempo en la medida en que la población envejece. De no cambiar de rumbo, el País se dirige a una condición inaceptable donde la población mayoritaria dependiente abrumará a la población activa. La emigración es ya una alternativa buscada por muchos y podría acelerar hasta dejar al país sin los recursos humanos mínimos necesarios para sostener la calidad de vida”.

El párrafo anterior forma parte de un trabajo realizado por el economista Elías Gutiérrez (“El programa de gobierno que necesita el país“) durante 2007 y 2008, pero que sigue plenamente vigente. Poco o nada hemos avanzado en cinco años. 

En el documento de 32 páginas, Gutiérrez presenta un plan de acción y 12 medidas concretas para aspectos como estimular el ahorro, aumentar el tamaño del sector privado o vencer la resistencia al cambio en la sociedad.

La definición del modelo económico adecuado no ofrece mayores dificultades, dice Gutiérrez. “Habrá diferencias en matices y detalles pero no en lo fundamental. El obstáculo para su adopción radica en la factibilidad política de las medidas que son indispensables para ponerlo en práctica”. O sea, que si seguimos sin avanzar en la puesta en vigor de un modelo económico se debe a la falta de ejecución por parte de los políticos.

El diagnóstico: la economía de Puerto Rico ha perdido la capacidad para alcanzar tasas de crecimiento que permitan crear empleo y mejorar la productividad. 

La receta:

  • La base contributiva debe ser ampliada y la incidencia de los impuestos desplazada hacia el consumo.
  • Los impuestos sobre ganancias de capital de largo plazo deben ser abolidos.
  • El presupuesto de gastos corrientes del gobierno debe reflejar un balance favorecedor del mantenimiento de la infraestructura, la educación continua de los empleados públicos, la modernización y descentralización de las instituciones.
  • Los subsidios a industrias en decadencia deben ser sustituidos por inversiones en los sectores estratégicos de la educación, la transportación y las comunicaciones.
  • El sector público invertiría en proyectos conjuntos con empresas privadas para reducir el costo de capital prevaleciente.
  • Las restricciones sobre la banca comercial que le impiden invertir en empresas de producción serían liberalizadas hasta donde fuera posible.
  • Modos de financiación conjunta con el capital privado serían acogidos con entusiasmo para financiar un programa agresivo de inversión en infraestructura.
  • La legislación laboral vigente requiere cambios profundos para dirigirla hacia la potenciación de nuevos puestos de trabajo a un costo unitario de mano de obra capaz de competir.
  • Los controles de precios y otras medidas de carácter proteccionista serían desplazados por incentivos asociados con el desempeño productivo y con la eficiencia