Por redacción de Sin Comillas
“Utilizando los mismos números que presentan los expertos de la Junta de Control Fiscal, este plan de pago no es viable ni sostenible para Puerto Rico. La reducción que se hace a la deuda en bonos no es suficiente para evitar que la isla caiga en un nuevo impago y nos deja en un lugar muy similar a donde estábamos antes de la quiebra, teniendo que seguir implantando medidas de austeridad para garantizar el pago a los bonistas. Este plan de la junta no es bueno para Puerto Rico”, expresó Daniel Santamaría, economista de Espacios Abiertos, quien participó, junto a otros expertos en n el foro “Cómo el Plan de Ajuste de la Deuda nos afecta: “Mitos y Realidades”. La actividad fue organizada por la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, Espacios Abiertos y el Colegio de Abogados y Abogadas.
Por su parte, el abogado de quiebras y experto en la Ley PROMESA, Rolando Emmanuelli, sostuvo que el proceso de quiebra es una herramienta legal que busca darle un alivio real al deudor para poder recuperarse económicamente. “Este plan de ajuste que propone la Junta no es real ni el mejor que se puede lograr para beneficio del pueblo de Puerto Rico”, afirmó Emmanuelli. Como ejemplo, indicó que se propone pagar por deuda ilegal que la misma Junta de Control Fiscal ha impugnado, por lo que hay que insistir en los reclamos de cancelación de la deuda. De aprobar este plan, no habría marcha atrás. “Es ahora o nunca”, advirtió.
El economista José Alameda, integrante de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, enfatizó en el terrible daño a los pensionados. Dijo que este plan no solo incluye un recorte inmediato del 8.5%, sino que, a la larga, el impacto es mayor porque se prohíbe por 25 años hacer ajustes por el aumento en el costo de vida. Esto reduciría el valor de todas las pensiones por casi la mitad.
Alameda, catedrático en Economía de la Universidad de Puerto Rico, destacó el efecto que las medidas de austeridad y planes fiscales ya han tenido en los servicios esenciales, principalmente en las áreas de salud, educación, rehabilitación, salud mental, energía y el suministro de agua. Entre los años fiscales 2008 y 2020, las estadísticas locales de la Oficina de Administración y Presupuesto mostraron que la cantidad de empleados públicos centrales cayó de 231,502 a 128,968, para una disminución de 102,534 (-44.3%), dejando a nuestras agencias sin los recursos humanos necesarios para hacer su trabajo.
A este análisis se sumó el de la planificadora y directora de la Liga de Ciudades, Cristina Miranda Palacios, quien alertó sobre el riesgo inminente de cierre al que se enfrentan más 40 municipios. La planificadora señaló que, si se cumplen con las reformas que pide la Junta de Control Fiscal para el pago de la deuda, los municipios no podrán cumplir con la variedad de servicios esenciales que ofrecen a la ciudadanía.
“El costo más alto para la isla no es seguir pagando por la Junta, es comprometerse en un pago de la deuda que impida el desarrollo económico que necesitamos y limite todavía más el funcionamiento del gobierno”, añadió Santamaría.
