Por redacción de Sin Comillas
En antesala al inicio de las vistas para la posible confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda Pública de la Junta de Control Fiscal, la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público insistió en la ilegalidad de parte de esa deuda.
“El legado del octavo Plan de Ajuste de la Deuda que propone la Junta ante la jueza Swain es el aval de sobre 21 emisiones de bonos impugnadas por ser emitidas ilegalmente y en violación de nuestra Constitución, que totalizan $13,500 millones o el 40% de la deuda a pagar, además del cierre de más de 120 reclamaciones para la devolución de comisiones ilegales contra 20 bancos por participar del esquema ilegal y la pérdida de más de $30,000 millones en ahorros, si se suma al principal el pago de intereses, por la no cancelación de deuda nula”, expresó José González Taboada, presidente de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público.
Por su parte Edwin Colón, miembro de Comisión, creada por la Ley 97 del 2015, señaló que “desde el 2016, advertimos que la mitad de la deuda acumulada de Puerto Rico era deuda emitida ilegalmente en violación de la Constitución, que no había autorización legal para hacerlas y que, por tanto, debía ser cancelada por ser deuda nula. Luego, la misma Junta en el 2019 y otros acreedores, incluyendo fondos buitres reconocieron esta realidad en el Tribunal Federal. Sin embargo, con este plan de ajuste de la deuda se desiste y renuncia a ese reclamo con terribles repercusiones para el pueblo”.
En una moción radicada ante la jueza Swain en el 2019, la Junta indicó que “[T]odas las reclamaciones basadas en bonos de Obligaciones Generales no válidos deben rechazarse porque los bonos se emitieron en violación del Límite del Servicio de la Deuda y, […], a la Cláusula de Presupuestos Balanceados y, por lo tanto, los bonos son nulos y los tenedores de dichos bonos no tienen ningún remedio contra el Estado Libre Asociado”.
“Sin embargo, en esta 8va versión del plan de ajuste de la deuda, y a diferencia de otras versiones anteriores, en este plan no se hace distinción entre deuda ilegal o legal y se le paga, en promedio, 70 centavos de cada dólar de deuda ilegal, obligando a nuestra isla a grandes sacrificios. Por eso, no es de extrañar que el plan cuente con el apoyo total de los principales fondos buitres, porque este acuerdo no es otra cosa que el resultado de las prácticas y estrategias antiéticas de estos especuladores que terminaron comprando la deuda impugnada en medio del litigio y lograron que la Junta desistiera y les hiciera una mejor oferta”, dijo, por su parte, Eva Prados, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana.
“Por otro lado, y como advertimos durante las vistas públicas en la Asamblea Legislativa, la confirmación de este Plan de Ajuste de la Deuda implica la renuncia también al derecho de nuestro pueblo de reclamar la devolución de miles de millones en comisiones ilegales contra 20 bancos y firmas de inversión que patrocinaron e incitaron un esquema fraudulento de emisiones de deuda”, añadió González Taboada.
Tato Rivera Santana, planificador e integrante de la Comisión, señala que “la Junta miente cuando dice que este plan reduce el pago de la deuda. Este plan de ajuste de la deuda no es un nuevo comienzo para la isla, mucho menos una restructuración justa, sigue imponiendo a la isla pagos insostenibles de la deuda, como han expresado estudios independientes de Espacios Abiertos y economistas internacionales como Joseph Stiglitz. Dichos expertos han advertido que este acuerdo con los bonistas sigue siendo un compromiso insostenible y que nos deja sin dinero para atender las necesidades básicas y servicios esenciales del pueblo y nos expone a otra quiebra en el futuro”.
Los integrantes de la Comisión participarán de la “Jornada se nos Acabó la Paciencia: No al Plan del Tumbe”, a partir de hoy a las 5pm con un campamento y vigilia de pensionados frente al Tribunal Federal y continuará mañana desde las 8am.
La Comisión, es una corporación sin fines de lucro que tiene la misión de realizar una auditoría integral del crédito público para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Esta Comisión, de naturaleza estrictamente ciudadana, fue fundada por el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda con los integrantes del interés público de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público creada por la Ley 97 del 2015, que fue eliminada en 2017.
