Por redacción de Sin Comillas
La Fiscalía de Estados Unidos y el Servicio de Rentas Internas (IRS) habrían trasladado a Puerto Rico agentes encubiertos para analizar documentos y determinar si los inversionistas que se mudaron a Puerto Rico para disfrutar de exenciones contributivas de la Ley 22 del 2012 (Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico) infringieron la ley, según publica Bloomberg.
Los investigadores quieren saber si las personas mienten sobre cuánto tiempo pasan en la Isla (al menos 183 días) y la fuente de sus ingresos, señala Bloomberg, que cita a personas familiarizadas con el asunto. La intención es presentar casos penales y civiles contra los inversionistas sospechosos de haberse aprovechado ilegalmente de esas exenciones fiscales.
Durante la última década, el gobierno de Puerto Rico habría otorgado más de 4,000 decretos bajo la Ley 22. Se estima que los ingresos no captados por concepto de la Ley 22 ascenderán a $342 millones durante este año fiscal, según el Informe de Gastos Tributarios del Departamento de Hacienda.
Según fuentes de Bloomberg, estarían a punto de presentarse cargos relacionados con dos investigaciones criminales, incluida una que involucra a un abogado estadounidense. Los posibles cargos incluyen conspiración y fraude electrónico. Las investigaciones se dirigen a los contribuyentes, pero también a los abogados y contadores que recomendaron esos incentivos.
En enero de 2021, la División Internacional y de Grandes Empresas del IRS anunció una campaña para identificar a aquellos que pueden estar declarando erróneamente ingresos procedentes de Estados Unidos como ingresos en Puerto Rico para evitar pagar impuestos en Estados Unidos, según la página de Internet de la agencia.
En el 2020, el IRS ya investigó el uso de la Ley 22 y Ley 20 (exportación de servicios) y a algunos de los intermediarios. En octubre de 2020, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestaron a Gabriel Hernández, socio de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico, y lo acusaron de fraude por haber dado información falsa de uno de sus clientes (que resultó ser un agente encubierto del IRS) para obtener un decreto de exención contributiva. Hernández se declaró no culpable y el caso está pendiente de juicio.
En el mes de mayo, el Centro para la Democracia Popular, una coalición de organizaciones comunitarias, desarrolló una campaña educativa bajo el lema, “Not Your Tax Haven” para exponer la ineficiencia del gobierno en el cumplimiento de la ley 22 y propone su eliminación si no cumple con su propósito de atraer inversiones.
