Por Luisa García Pelatti

El Gobierno no ha enviado a la Junta de Control Fiscal información sobre cómo se van a pagar los beneficios de jubilación que se incluyen en las Leyes 80, 81 y 82 del 2020. La Junta considera que estas leyes son inconsistentes con el Plan Fiscal y “menoscaban y frustran los propósitos de PROMESA al agregar gastos y poner en peligro los servicios de manera inconsistente con la responsabilidad fiscal y el Plan Fiscal”. El 28 de octubre, la Junta había pedido al Gobierno que no implementara las leyes o que explicara cómo piensa lograr los ahorros necesarios para que la leyes fueran neutrales.

En una carta dirigida a Omar J. Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, el 9 de noviembre, la Junta estima que, en conjunto, las Leyes 80, 81 y 82 podrían costarle al Gobierno $8,300 millones en los próximos 30 años.

“A pesar de las reiteradas solicitudes, el Gobierno no ha demostrado cómo pagará estos costos. Su nuevo enfoque por fases propuesto no responde a esta pregunta y no responde a la carta de la Junta de Supervisión del 21 de octubre de 2020”, señala Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal.

La Ley 80 costará hasta $4,200 millones en 30 años, de los que $2,200 millones serán costos del Gobierno y $1,400 para los municipios. El Gobierno ha declarado que pagará estos gastos eliminando los puestos de quienes se jubilen en virtud de la Ley 80. Sin embargo, la Junta tiene “serias preocupaciones” de que se puedan lograr esos ahorros mediante reducciones de nómina.

El Plan Fiscal requiere que el Gobierno elimine 3,200 empleos. “El Gobierno no puede depender de los ahorros de nómina generados por las primeras 3,200 jubilaciones bajo la Ley 80 para generar los ahorros que reclama. Si los 7,400 empleados del Estado Libre Asociado elegibles se jubilan, el Gobierno debe identificar $2,200 millones en ahorros adicionales”. La Junta estima que para lograr esos ahorros habría que eliminar 1,500 empleos adicionales.

La Ley 81 costará hasta $2,400 millones en los próximos 30 años. Para que este costo sea neutral en ingresos, el Gobierno debe generar ahorros por esa cantidad o eliminar 1,360 empleos. El Plan Fiscal ya requiere que el Gobierno elimine 475 de estos puestos. “Para encontrar los ahorros únicamente en la nómina, el Gobierno necesitaría eliminar al menos 1,835 puestos totales de aquellos que se jubilan bajo la Ley 81”.

Sobre la ley 82, la Junta señala que no está claro su funcionamiento y que hasta la fecha, el Gobierno no ha proporcionado ningún análisis y no ha ofrecido ningún plan para compensar dichos costos. Al igual que con la Ley 81, la Junta no ve cómo un enfoque escalonado para implementar la Ley 82 ayudará a asegurar que la Ley no sea significativamente inconsistente con el Plan Fiscal certificado.

“Reiteramos que las leyes no deben implementarse hasta que la Junta de Supervisión conozca y apruebe sus verdaderos costos y medios para pagarlas”, indica Jaresko y añade que la Junta “sigue profundamente preocupada de que el Gobierno esté creando incertidumbre y ansiedad entre los empleados públicos”. “El Gobierno no debe permitir que los jubilados dejen sus trabajos y se inscriban en programas de retiro que violen PROMESA, para luego perder esos beneficios si se invalidan las Leyes, luego de haber dejado sus trabajos”.

Por otro lado, a la Junta le preocupa que estas Leyes hagan que todos los demás empleados gubernamentales no cubiertos por estas Leyes exijan el mismo trato, incluida la jubilación anticipada, el aumento de los pagos de beneficios y el crédito por enfermedad. Si el Gobierno “cree que otros empleados no exigirán el mismo trato, explique por qué”.