Opinión
Roberto Orro*
El escepticismo del pasado año sobre la ineficacia de la vacunación contra el Covid es ya historia. Se han disipado los temores sobre la politización de la vacuna y ahora todos queremos vacunarnos. Pero como los recursos son limitados y no hay vacunas para toda la población inmediatamente, el Gobierno estatal debe priorizar al grupo más vulnerable: los envejecientes.
Cabe recordar que el desastre mundial causado por el Covid no se debe a lo contagioso que es el virus, sino a que desborda hospitales y morgues. La correlación entre la edad del contagiado y su probabilidad de ser hospitalizado y/o morir por Covid es casi perfecta. En Puerto Rico, al igual que en el resto del mundo, las muertes por Covid se disparan exponencialmente en los 60 años o más. Por ejemplo, el grupo de 80 años o más, que representa menos del 6% de la población de la Isla, abarca el 34% de los fallecimientos. Un 81% de todos los decesos por Covid en Puerto Rico se concentran en el grupo poblacional de 60 años o más, que representa el 28% de la población total.
Varias jurisdicciones de los Estados Unido y, sobre todo, los países más desarrollados de Europa, han implementado planes de vacunación con altísima prioridad para las personas de mayor edad. En Reino Unido y Alemania, los planes de vacunación establecen un orden piramidal estructurado en rangos de edad de cinco años. Primero se vacuna a la población de 80 años o más, luego el grupo de 75 a 80 años y así sucesivamente hasta llegar al grupo de 50 a 55 años. Las políticas de vacunación de estos países no solo descansan en criterios morales, sino en el pragmático reconocimiento de que vacunar masivamente a los envejecientes es la forma más rápida de reducir los decesos y las hospitalizaciones y, por consiguiente, catalizar la recuperación económica.
En Puerto Rico hemos seguido un camino diferente. Tal como se concibe el proceso de vacunación local, el esfuerzo y los recursos se diluyen entre grandes grupos de la población, todo ello en detrimento de nuestros adultos mayores y de los trabajadores que más necesitan la vacuna. En la primera fase, la 1A se ha vacunado, muy merecidamente, a los médicos, enfermeras y el personal de primera línea que diariamente exponen su vida atendiendo a pacientes de Covid. No obstante, esta fase se ha engrosado con miles de personas y trabajadores administrativos que operan en un ambiente mucho más seguro y lejos de la primera trinchera contra el virus.
La Fase 1B tampoco ofrece un cuadro halagüeño para los envejecientes puertorriqueños. Aunque las personas de 65 años o más podrán vacunarse en esta fase, nuevamente nos encontramos con un ecléctico y abultado panorama que coloca a un sinnúmero de trabajadores esenciales al mismo nivel de los envejecientes.
Por supuesto que le urge a la sociedad asegurar que policías, bomberos y personal de seguridad y emergencia se vacunen lo más rápido posible. Apremia también asegurar la reapertura de las escuelas y vacunar a los maestros y demás trabajadores. Pero hay que preguntarse cuál es la imperiosa necesidad social de sacrificar las vacunas de nuestros padres y abuelos para administrárselas al personal de instituciones universitarias que van a operar online en este semestre. Más inadmisible resulta incluir en esta fase a miles de jóvenes en buenas condiciones de salud que trabajan en supermercados, puertos, fábricas y establecimientos de venta al detal. Incluso peor, el plan gubernamental les reserva un espacio en la fase 1C a los jóvenes estudiantes universitarios, pero deja en un limbo a las personas de 50 a 64 años, grupo en el cual todos los días se reportan fallecimientos por Covid.
Los recursos que el gobierno ha destinado para vacunar a los adultos mayores de Puerto Rico son a todas luces insuficientes. Es preocupante que el Gobierno mencione que en la Fase 1B se van a vacunar 400,000 personas de 65 años cuando la población de ese grupo ya debe rondar las 700,000 personas. Asimismo, las estadísticas del gobierno federal confirman que en la actualidad hay más de 760,000 beneficiarios de Medicare en Puerto Rico.
Vacunar a los envejecientes de Puerto Rico es un proceso que requiere la debida organización y logística. Mientras que en Estados Unidos un elevado porcentaje de adultos mayores está concentrado en residencias grupales, los envejecientes puertorriqueños residen mayormente en hogares privados, esparcidos a lo largo y ancho de la Isla. A diferencia de los maestros, empleados públicos y otros trabajadores, los envejecientes no tienen un gremio con la capacidad de ejercer presión política para adelantar su turno en la cola de vacunación.
Para que el proceso de inmunizar a los envejecientes de Puerto Rico despegue de verdad, el Gobierno tiene que ampliar la red de centros de vacunación para adultos mayores y garantizar, con firmeza, que se respete el lugar que les corresponde en la cola de vacunación. También es de suma importancia que el Gobierno no desgaste su personal y recursos en inútiles campañas masivas de pruebas de Covid. En la coyuntura actual, el esfuerzo gubernamental debe concentrarse en lo que rinde más frutos, es decir en la vacunación.
Puerto Rico tiene el deber moral de proteger a sus envejecientes, los cuales han llevado la peor parte durante la pandemia. El Gobierno debe actuar rápido y reajustar sus planes de vacunación con el fin de darles a las personas de mayor edad la prioridad que merecen. Es una cuestión moral, pero también la mejor opción para acelerar la recuperación económica y regresar a la normalidad.
- El autor es economista y socio de Grupo Estratega
