Por redacción de Sin Comillas
El fraude ocupacional tiene un costo de $1,954.66 millones, lo que es equivalente al 2.77% del Producto Nacional Bruto, según un estudio realizado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados.
Los tipos de fraude ocupacional se pueden dividir en tres clasificaciones: apropiación de activos (robo de dinero o mal uso de activos), corrupción (utilización del poder para obtener beneficio personal) y estados financieros adulterados o fraudulentos.
Las principales conclusiones del estudio indican que:
- El costo por apropiación de activos y corrupción fue superior al de Estados Unidos.
- Compañías con un sistema formal antifraude para recibir querellas informaron menos pérdidas.
- El robo de efectivo resultó ser el fraude más común, por lo que se deben establecer controles contables rigurosos.
- Los esquemas principales para cometer fraude fueron la creación de documentos fraudulentos o la alteración de documentos, por consiguiente, un sistema de pre-intervención debe establecerse, entre otros asuntos.
- La auditoría interna resultó ser la manera más efectiva para detener el fraude.
- Se recomienda establecer un sistema de recibo de querellas en las organizaciones
“El fraude ocupacional es un problema global que representa una amenaza para las empresas hoy día. Es un gran fenómeno que afecta prácticamente a cada entidad y detectarlo representa un reto para muchas organizaciones. Entidades de distintos tamaños, del sector público y privado, han sido víctimas de este tipo de crimen, violentando la confianza del patrono y ocasionando un áspero y severo daño a la economía”, dijo el presidente del Colegio, Ramón Ponte Tápanes.
“En el 2006 la Fundación del Colegio de CPA realizó un estudio sobre el fraude ocupacional en Puerto Rico limitado al sector privado de nuestra economía y los resultados fueron muy interesantes y útiles”, indicó Eduardo González Green, presidente del Comité de Servicios No Tradicionales del Colegio de CPA a cargo del estudio. “A diferencia del estudio de 2006, el Estudio de 2018 fue diseñado para toda organización, incluyendo al Gobierno. El total de personas que contestó la encuesta fue de 281 de los cuales 131 cumplieron con los requisitos establecidos que eran el de aquellas personas que hayan experimentado o participado en la investigación de algún incidente de fraude en los pasados 3 años, donde dicha investigación haya concluido y el perpetrador haya sido identificado”.
“El estimado del costo del fraude ocupacional en el estudio de 2018 es de aproximadamente $1,954.66 millones, lo que es equivalente al 2.77% del producto bruto nacional del 2017 ($70,565.4 millones). En el estudio de 2006, que no incluyó al sector de Gobierno, la pérdida promedio informada por los participantes fue de 2.2% del producto bruto lo que equivale a una pérdida por fraude y abuso de aproximadamente $860 millones,” señaló González Green.
