El Centro para la Nueva Economía ha publicado en su blog un análisis del acuerdo al que llegó el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca. Reproducimos aquí de forma parcial ese análisis.

El plan aprobado no resuelve el problema fiscal de Estados Unidos, y de hecho lo podría agravar al reducir la actividad económica a corto y mediano plazo. Lo mas desafortunado es que una vez más, por las mismas razones de siempre, han perdido los que siempre pierden: los niños, los envejecientes, los desempleados, los pobres, y los enfermos.

Primero, la magnitud del problema fiscal de Estados Unidos es simplemente monumental.  De acuerdo con la  Congressional Budget Office (CBO), si el Congreso no hiciera nada la deuda de Estados Unidos aumentaría por unos $9.4 trillones entre el 2012 y el 2021.  Si el acuerdo aprobado ayer se implementara al pie de la letra, se generarían ahorros de $2.1 trillones, lo que significa que la deuda aumentaría de todos modos por unos $7.3 trillones.  Esto se debe a que el acuerdo no aumenta los recaudos y no plantea una reforma de los programas de Seguro Social, Medicare, y Medicaid.

Segundo, si el acuerdo se implementa en su totalidad tal cual aprobado, el gasto del gobierno federal no contribuirá mucho al crecimiento económico durante los próximos 10 años.  Por lo tanto podemos esperar que el crecimiento económico sea menor de lo que hubiese sido en la ausencia de los recortes, que el desempleo se mantenga a un nivel relativamente más alto, y que aumente la desigualdad de ingresos y riqueza.  La economía de Estados Unidos creció a una tasa anual de 0.8% durante los primeros seis meses del 2011.  La reducción en el gasto federal la debilitará aun más.  Debemos recordar que actualmente hay millones de viviendas sin vender en los Estados Unidos y 25 millones de americanos que desean trabajar a tiempo completo y no lo consiguen, ya sea porque están desempleados o porque solo consiguen empleo a tiempo parcial.

Tercero, la política fiscal de los Estados Unidos se encuentra efectivamente bajo el control del ala más radical del partido republicano.  El presidente Obama se puede sentir complacido en que evitó el desastre de un incumplimiento por parte de los Estados Unidos y que se aprobó un aumento en el tope de la deuda por lo menos hasta el 2013.  Sin embargo, los republicanos obtuvieron casi todo lo que demandaron: (1) que se atara el aumento en la deuda a reducciones en el gasto; (2) que las reducciones en el gasto excedieran el aumento en el tope de la deuda; (3) que no se aumentaran los recaudos; (4) que no se incluyeran como recortes los ahorros generados por la conclusión de las guerras en Irak y Afganistán; y (5) que se lleve a votación legislación para la enmienda constitucional requiriendo un presupuesto balanceado.

La capitulación del presidente ante las exigencias del partido republicano se ha convertido en uso y costumbre.  Desde el 2009, el presidente ha cedido con respecto a (1) la estructura del plan de estimulo; (2) la reforma de salud, al eliminar la “opción publica”; (3) la extensión de los recortes presupuestarios de la administración Bush; (4) el presupuesto del 2011, ante la amenaza de los republicanos de cerrar el gobierno; y (5) el plan para aumentar el tope de la deuda.  Dado este patrón, podemos esperar que el presidente también ceda ante los republicanos con respecto a los presupuestos para los años fiscales 2012 y 2013 y con respecto al paquete de recortes a ser presentado por el comité especial a finales de este año.

Cuarto, todo esto son malas noticias para Puerto Rico.  Los fondos federales constituyen 22% de los recursos consolidados del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2012.  Aunque que no sabemos que programas en especifico se van a recortar, en la medida en que esos recursos federales se reduzcan el gobierno de Puerto Rico tendrá que reemplazarlos localmente, y el fondo general, aun con los recaudos generados por el arbitrio nuevo del 4%, se encuentra sumamente comprometido—de hecho se podría decir que actualmente el gobierno  no cuenta con los recursos suficientes para cumplir todas sus obligaciones y lo que se le ha prometido a la gente.  El gobierno de Puerto Rico tiene obligaciones por ley con los bonistas, la UPR (por formula), los municipios (por formula), y la rama judicial (por formula).   A eso hay que sumarle lo que se le debe a los pensionados y las promesas como el plan de salud del gobierno y a los estudiantes de educación especial, entre otras.   Un análisis objetivo de la situación indica que el gobierno no tiene los recursos para cumplir con todas estas obligaciones.  Si no se pueden obtener recursos adicionales del fondo general el gobierno de Puerto Rico tendría que recortar servicios, aumentar los recaudos, y/o despedir empleados.

El impacto presupuestario del acuerdo fiscal ha sido estimado por el Congressional Budget Office (CBO) y su análisis se puede descargar aquí.