Por Luisa García Pelatti

“Cerrar y abrir la actividad económica durante una pandemia no puede ser una decisión impulsiva, ni puede ser guiada por presiones políticas y empresariales ajenas al justo balance entre la salud y la economía”, señalan el doctor Ibrahim Pérez y la demógrafa Judith Rodríguez en su análisis semanal de los datos del COVID-19 y defienden que se utilicen criterios científicos “razonables y convincentes”.

A pesar de que en las últimas dos semanas se ha producido un repunte de casos positivos, los expertos opinan que no se justifica un cierre total.

La semana del 14 al 20 de septiembre fue la semana con más casos positivos durante toda la pandemia, 2,428. El mes de septiembre tiene un promedio diario de 295 casos, el más alto desde que comenzó la pandemia. Este repunte ha estado acompañado de un nivel más bajo de hospitalizaciones, que no han excedido más de 444 pacientes hospitalizados en ningún día de septiembre. El número de pacientes hospitalizados con COVID-19 el 24 y 25 de septiembre (342 y 349) es el más bajo en los pasados dos meses.

En la semana del 14 al 20 septiembre, las defunciones se mantuvieron a la mitad de lo que fueron en la semana previa: bajaron de 71 a 39 muertes. Las 158 muertes por COVID-19 registradas en los primeros 20 días del mes de septiembre, representan un promedio de 7.9 fallecimientos diarios, superando las 6.7 muertes promedio diarias registradas durante el mes de agosto.

“Creemos firmemente que los contagios con COVID-19 todavía no han sobrecargado excesivamente nuestro sistema de salud”, dicen los autores del análisis y critican que el Gobierno amenace con un cierre total. “En una economía tan frágil como la que tenemos después de seis meses de pandemia, una amenaza de esa naturaleza puede ser tan contraproducente para un negocio que está tratando de mantenerse operacional, como el cierre mismo”, advierten.

“El cierre total acabaría de matar nuestra economía”, advierten. “No es momento de cierre total, aunque estemos un poco peor en septiembre que en agosto”, apuntan Pérez y Rodríguez.

“Durante seis meses de pandemia, hemos aprendido que el encerramiento definitivamente aplaca los contagios, y que la apertura los hace florecer. Pero que todavía no hemos aprendido a abrir nuestra actividad económica sin contagiar, ni contagiarnos, ni morir. Encerrarnos no puede ser la única oferta gubernamental al problema, ni tampoco un camuflaje para ocultar su incapacidad para poner en práctica estrategias complementarias a la responsabilidad ciudadana que funcionen para contener el coronavirus. No podemos seguir sacrificando nuestra economía con más cierres, si siempre vamos a terminar perdiendo el esfuerzo y dinero invertido tan pronto volvamos a abrir. Es imprescindible que ciudadanía y gobierno hagamos lo indecible para convivir con el virus en una economía abierta. Si eso no es alcanzable, no tendremos otra alternativa que hacerlo los ciudadanos solos. Tendríamos que crear una burbuja familiar esterilizada donde practiquemos medidas de salud pública con máxima rigurosidad, para que al menos, nuestros seres queridos estén debidamente protegidos contra el contagio”, explican.

Destacan que el Gobierno “desaprovechó” el cierre entre marzo y junio. “Debimos haber utilizado aquellos tres meses para montar toda la infraestructura necesaria y contener más efectivamente la propagación del virus cuando llegara el momento de la apertura. Nada de eso hicimos, ni hemos hecho satisfactoriamente en los seis largos meses transcurridos desde marzo. El gobierno no ha fiscalizado adecuadamente el cumplimiento de las órdenes ejecutivas, ni ha cumplido cabalmente con su responsabilidad de salud pública referente al muestreo-rastreo-monitoreo de contagios y contactos, entre otras deficiencias”. Tampoco disponemos de datos científicos “confiables y actualizados”.

El Gobierno tomó la decisión de reabrir la economía el 10 de septiembre, en medio de un repunte de casos “que no había sido informado públicamente” y cuando se registraba el mayor pico de casos (600) positivos en un día durante toda la pandemia hasta ese momento. Sin embargo, no conocimos estos datos hasta nueve días más tarde.

El retraso en la recopilación de resultados de laboratorio, que se adjudicaba a la ineficiencia, ahora se sospecha que fue deliberado. Los laboratorios habrían retrasado intencionalmente los resultados que confirmaban un aumento significativo de casos positivos.

La escasez de pruebas y el retraso en realizarlas y reportarlas al Departamento de Salud sigue siendo un gran impedimento para contener la alta transmisión comunitaria del virus.

Por otro lado, Pérez y Rodríguez siguen esperando que el Departamento de Salud haga público el perfil demográfico de todos los fallecidos en septiembre y las diferencias con los fallecidos de los meses anteriores, además de los resultados de los esfuerzos para hacer pruebas a residentes y empleados de todos en esos hogares de personas mayores, según prometieron que se haría hace varios meses.

Siguen insistiendo en la importancia del muestreo y rastreo. Si se hace de forma adecuada la transmisión se puede reducir en 26%, según un estudio publicado en la revista “Lancet Infectious Diseases”. Esa reducción se consigue cuando el muestreo-rastreo se conduce de manera óptima: se identifica el 80% de los casos positivos y sus contactos, se realizan pruebas inmediatamente después y se pone en cuarentena en un plazo de 24 horas a quienes han estado en contacto con un positivo. “Cuando eso lo unimos a la significativa reducción en propagación del virus que producen las medidas de contención: uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social, podemos confirmar que todas esas medidas protectoras anti COVID-19 funcionan, son muy efectivas”, indican.

Sin embargo, en Puerto Rico, “nuestra infraestructura de muestreo-rastreo todavía carece del nivel de eficiencia y perfeccionamiento establecido como óptimo en el estudio citado”.