Foto: Sin Comillas
Por Luisa García Pelatti
El gobernador Ricardo Rosselló envió a la Legislatura 10 medidas incluidas en el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal. Entre las medidas hay aumentos de 10% en los pagos de licencias y marbetes y subidas de entre 50% y 70% en las multas de tránsito. También se incluye un aumento de 33% del arbitrio a los cigarrillos. Entre ambas medidas se espera generar unos $217 millones.
Las medidas son parte del Plan Fiscal que busca aumentar en $1,380 millones los ingresos del gobierno y reducir los gastos en $1,623 millones.
Entre otras medidas sometidas a la Legislatura están las que buscan reducir los beneficios marginales de los empleados de corporaciones públicas (alrededor de $11,000) para igualarlos con los del resto de los empleados públicos (unos $2,000). La medida será aplicable a todos los empleados públicos del Gobierno y sus corporaciones públicas, excepto la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios.
Los días de vacaciones de todos los empleados públicos (incluidos los de las corporaciones) se reducirán de los actuales 30 días a 15 días, para igualarlos con el sector privado, y no se podrán acumular más de 60 días.
Los días por enfermedad se mantienen en 18 días al año (día y medio por cada mes de servicio) para los empleados contratados antes de la Ley 9 de 2017. Para los empleados contratados después de esa ley los día de enfermedad se reducen a 12 días al año (1 día por cada mes de servicio). No se podrán acumular más de 90 días. No se pagarán excesos de vacaciones y días de enfermedad.
Licencia de maternidad será de 12 semanas y la de paternidad de 15 días. Los empleados tendrán 15 días feriados y el bono de Navidad será de $600. Estas medidas producirán ahorros de entre $150 millones a $200 millones al año.
Otra medida obligará a los clientes que hagan más reclamaciones al seguro compulsorio a pagar más. Además, autoriza a la junta de la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) a declarar un dividendo extraordinario de $70 millones para el Fondo General. A cambios, los miembros de la Junta tendrían cuatro años para reclamar un crédito contributivo hasta un máximo de $35 millones.
Por otro lado, se envió una medida para autorizar al gobierno a utilizar sobrantes de las corporaciones públicas como“fondos disponibles” para gastos de servicios esenciales y para el pago de pensiones. El monto que aportaría cada corporación sería determinado por un comité compuesto por los jefes de Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Están excluidas la UPR y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC). El comité está autorizado a aumentar las tarifas de las corporaciones para cumplir con el Plan Fiscal.
Otras de las 10 medidas establece el procedimiento para la venta o transferencias de propiedades del gobierno, que estará a cargo de AAFAF, OGP y el Departamento de Desarrollo Económico.
