Por redacción de Sin Comillas

En el caso de Piñones, con la expropiación a la PFZ Properties Inc. en los terrenos donde se proponía el proyecto residencial turístico Costa Serena, la actual administración del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) —a través del Departamento de Justicia— ha planteado al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que no acepta una tasación del cuatrienio pasado que valora esos terrenos en $32.5 millones.

La posición del DRNA es que la tasación de $32.5 millones efectuada en el cuatrienio pasado no contempla el hecho de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) carece de efecto jurídico, tras una determinación judicial del Tribunal Supremo. El proyecto propuesto tampoco contaba con una consulta de ubicación. Ambos procesos son requisitos medulares de permisos para efectuar la obra.

En el 2008, tres diferentes tasaciones valoraron los terrenos en cerca de $5 millones, incluida una de ellas, del tasador de la propia PFZ Properties Inc. Una nueva tasación del DRNA efectuada el 15 de junio de 2014 establece que la valorización real de las 1,354.7528 cuerdas del terreno no sobrepasa los $7 millones. Sin embargo, el Tribunal no ha permitido que desfile esa evidencia. Ante ese hecho, Justicia radicó una solicitud de desestimiento de la expropiación de terrenos el 14 de julio de 2015 para evitar una decisión judicial que hubiera obligado a gobierno a pagar los $32.5 millones.

El pasado 16 de diciembre el Tribunal acogió la solicitud para desestimar la expropiación. No obstante, el  pasado 7 de enero Justicia radicó una solicitud de reconsideración de esa decisión porque el Tribunal expresó que el resarcimiento de daños a la PFZ por el DRNA desistir de la expropiación, tendrían como base la tasación que el DRNA objeta del cuatrienio pasado por $32.5 millones.

“La agencia no puede sufragar ni considera una medida de sana administración, pagar $32.5  millones por unos terrenos que valen cuatro veces menos esa cantidad”, puntualizó Julio E. Méndez, subsecretario del DRMA.

“Las acciones del DRNA son cónsonas con el sentir de la comunidad de Piñones que entiende que no se debe pagar esa cifra por la expropiación. La Corporación Piñones se Integra (COPI) ha exigido al Gobierno que no se pague más dinero por esos terrenos. En ánimo de velar por el buen uso de los fondos del erario, hemos tenido que tomar la determinación de desistir de la expropiación. La agencia continuará velando por los recursos naturales en los terrenos de alto valor ecológico”, puntualizó el subsecretario.

Por otra parte, Méndez explicó las adquisiciones de terrenos en la RNCEN, entre Luquillo y Fajardo, fueron todas encaminadas en pasadas administraciones y la última de ellas, fue terminada a los pocos meses de entrar la actual administración en mayo de 2013. De no haberse firmado esa última adquisición, se perdían los fondos federales para comprar los terrenos.

El subsecretario expresó que la agencia solicitó un nuevo tasador en los procesos y ha colaborado con la investigación senatorial sobre las adquisiciones que, explicando todos los procesos, proveyendo la información que obra en expedientes y compareciendo a las vistas. Además, en una situación específica se hizo un referido a la Oficina del Contralor el 7 de mayo de 2014 solicitando una investigación sobre una transacción de servidumbre de conservación (concesión de créditos contributivos) dispensada al desarrollador Juan Miguel Zalduondo para unas parcelas por las cuales el Departamento de Hacienda le dispensó un crédito de $2,225,000 por un valor de $4,510,000 en un predio de 112.46 cuerdas

“La actual administración no ha efectuado nuevas adquisiciones de terrenos en la RNCEN debido a la falta de recursos económicos y porque se ha asegurado de velar que todos los procesos cumplan con las normas de sana administración”, recalcó el funcionario.

“Si ha habido alguna desviación de los procedimientos, el DRNA respalda que las autoridades identifiquen la evidencia y señalen a los responsables. Las transacciones generadas en pasadas administraciones fueron llevadas a cabo usando tasaciones de tasadores certificados en las regulaciones de “Yellow Book” que se exponen a perder sus licencias si hubo alguna irregularidad. La agencia no tiene objeción en que las autoridades o la legislatura auditen esas tasaciones con profesionales entendidos en la materia”, sostuvo Méndez. En algunas de las transacciones, la adquisición fue más baja del valor de la tasación.

Sobre las transacciones en la RNCEN:

  • Bajo pasadas administraciones, el DRNA pagó a Juan M. Zalduondo un total de $12,662,000 de fondos estatales en tres distintas fases para la adquisición de 528.15 cuerdas de terreno en la RNCEN  donde se proponía el San Miguel Four Seasons. Las compras se hicieron mediante un proceso dirigido por una entidad no gubernamental conocida como Trust for Public Land (TPL, por sus siglas en ingles). El TPL consiguió además un total de $19,488,000 de fondos federales para completar esas adquisiciones. Las negociaciones redundaron en $11.4 millones menos del valor de las tasaciones presentadas por TPL.
  • La primera fase de compra de la finca de San Miguel de 263.77 cuerdas fue efectuada en agosto de 2007 bajo la incumbencia del exsecretario Javier Vélez Arocho a un costo de $2,962,000 de fondos estatales y $9,538,000 de fondos federales, para un total de $12,500,000. Ese fue el precio tras la negociación del TPL, ya que la tasación que presentó TPL fue por $15,600,000.
  • La segunda fase de la finca de San Miguel de 147.1 cuerdas se hizo en diciembre de 2008 con una inversión de $5,200,000 de fondos estatales y $5,950,000 federales, para un total de $11,150,000. La tasación que presentó TPL fue de $15,950,000.
  • La tercera fase de San Miguel se efectuó en la pasada administración bajo la incumbencia del exsecretario Daniel Galán Kercadó a un costo de $4,500,000 fondos estatales y $4,000,000 federales, para un total de $8,500,000. La tasación presentada por TPL fue de $12,000,000.
  • Se aclara que el DRNA en esta administración no ha hecho ninguna adquisición de terrenos al desarrollador Juan Ramón Zalduondo, acusado por un gran jurado federal de cargos de narcotráfico y lavado de dinero.
  • Una fase de San Miguel denominada 3(a) de 55 cuerdas estaba en calendario para compra bajo el pasado secretario Galán Kercadó. El TPL había conseguido $1,500,000 de fondos federales. No obstante, en septiembre de 2012, a pocos días de finiquitar la transacción, se detuvo el proceso por solicitud de la Junta de Directores de TPL y del DRNA debido a que salió a la luz pública la confiscación federal contra Zalduondo.
  • Esos fondos fueron redirigidos para comprar otra propiedad de 89.9 cuerdas de los propietarios de Dos Mares Resort al este de la RNCEN. Esa transacción fue iniciada en la administración de Galán Kercadó y en mayo de 2013 se culminó esa compra a Dos Mares porque la presente administración entendió que se hizo un proceso distinto de diferenciar la forma en que se tasaban los terrenos de humedal y los de tierra firme que era más beneficiosa para el erario. Además, porque estaban en riesgo $1.5 millones si no se culminaba la transacción a mayo de 2013. La compra a Dos Mares fue de $2,000,000 de fondos estatales y $1,500,000 de fondos federales, un total de $3,500,000. El valor de tasación de TPL fue de $4,074,977.

La secretaria Carmen R. Guerrero Pérez se inhibió en ambos casos debido a que en el pasado fue asesora de las comunidades en oposición a los proyectos propuestos en los dos lugares.