Por redacción de Sin Comillas
“El desmantelamiento de la comisión de auditoría de la deuda pública le negaría al pueblo puertorriqueño su derecho a conocer las condiciones que se pactaron para endeudar al país, si hubo violaciones a la Constitución, quiénes fueron los responsables de la crisis financiera y quiénes –si alguno—se benefició ilegalmente de la bancarrota del estado”, comentó el presidente de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, Roberto Pagán Rodríguez, en reacción a la orden de destitución de todos los comisionados representantes del interés público por parte del gobernador Ricardo Rosselló.
Pagán se reafirmó en que la Comisión que preside está adscrita a la rama legislativa por lo que la orden del Gobernador violaría la separación de poderes consignada en la Constitución y por tanto es nula. De igual forma, advirtió que hay legislación radicada dirigida a retirarle los recursos económicos a la Comisión, lo que la haría inoperante.
“Vamos a acudir a los tribunales, si fuera necesario, en defensa del derecho de la ciudadanía a conocer los detalles de la deuda que nos quieren cobrar”, afirmó Pagán.
De igual forma expresó que “restarle importancia a la auditoría de la deuda es un error mayúsculo, más aún cuando somos los contribuyentes a quienes se nos pasa la factura con medidas de austeridad y recortes de beneficios y derechos”.
Según Pagán, la Comisión ya ha contratado al bufete californiano, Macias, Gini & O’Connell(MGO), para que audite las últimas cuatro emisiones de deuda y conteste las interrogantes que surgieron de los estudios de preauditoría que se realizaran hace unos meses. En estas se detectaron posibles violaciones a disposiciones constitucionales, prácticas irresponsables de contabilidad y el incumplimiento con los estándares éticos y legales, de la industria de parte de quienes intervinieron en emisiones de bonos, tales como suscriptores (underwriters), compañías evaluadoras de crédito (Standard and Poors y Moodys), auditores, bufetes de abogados, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), y otras agencias de gobierno.
“El resultado neto de la acción del Gobernador es que paraliza el proceso que se disponía a comenzar la firma de auditores, dada la incertidumbre que crea ante éstos y cualquier proveedor de servicios a la Comisión”, añadió.
La Comisión está compuesta por representantes de las instituciones financieras, cooperativas, académicos y sindicatos así como funcionarios electos y fue creada por virtud de la Ley 97 (de julio de 2015) que mandata que se audite de manera rigurosa y transparente la deuda pública y se determine la cantidad que realmente corresponde pagar.
Las y los comisionados, representantes del interés público, que recibieron la carta de destitución del Gobernador fueron: Dr. José Alameda, catedrático en economía; Dr. Juan Lorenzo Martínez, catedrático en estadísticas; Irma Hilerio Arroyo, líder cooperativista; Zoimé Álvarez Rubio, del sector bancario; Dr. José González Taboada, profesor de finanzas; Dr. Hiram Meléndez profesor de derecho constitucional y Roberto Pagán, líder sindical.
La Junta de Control Fiscal informó el sábado, durante su cuarta reunión, que realizará su propia auditoría de la deuda pública, ya que la ley le exige hacer sus propias verificaciones de datos.
