Por redacción de Sin Comillas
Desde 2017, el Gobierno de Puerto ha tenido que hacer frente a más de $858 millones en gastos relacionados con el proceso de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), según un documento presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
La mayor parte de los gastos, pagados a unas 77 firmas, están relacionados con los litigios iniciados por los acreedores y el Gobierno de Puerto Rico.
La Junta de Control Fiscal explicó en declaraciones escritas que “los gastos incurridos en el proceso para que Puerto Rico emerja de la quiebra son sustanciales pero inevitables para reducir la carga de su deuda. La deuda de Puerto Rico es grande, insostenible y extraordinariamente compleja. La reestructuración se está llevando a cabo bajo un proceso de quiebra ordenado, juicioso y equitativo que ya generó y continuará generando ahorros significativos para el pueblo de Puerto Rico”.
Se trata de la bancarrota “más grande en la historia de los bonos municipales, agravada por el declive económico, la recesión, la emigración significativa y los desastres naturales”.
“Los gastos legales incurridos son una fracción de los ahorros que se han logrado y se lograrán en el futuro mediante una reducción sustancial de los pagos del servicio de la deuda. De hecho, los gastos incurridos hasta el momento son menos de 1% de los ahorros que la Junta de Supervisión generó para el pueblo de Puerto Rico mediante las reestructuraciones de deuda completadas”, señala.
La Junta de Control Fiscal destaca que la reestructuración de la deuda de COFINA por sí sola le ahorró a Puerto Rico $17,500 millones en pagos del servicio de la deuda y redujo la deuda nominal total pendiente en $6,000 millones, de $18,000 millones a $12,000 millones. La deuda del Banco Gubernamental de Fomento se redujo en $2,000 millones, de $5,000 millones a $3,000 millones. El cambio de perfil de la deuda de PRASA redujo los pagos totales de la deuda en $380 millones durante 10 años, y el cambio de perfil de la deuda de PRIFA le ahorró a Puerto Rico $82.5 millones”.
La Junta está negociando la reducción de la deuda del Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). “El acuerdo alcanzado solo con los acreedores del Estado Libre Asociado antes de la pandemia de COVID-19 le habría ahorrado a Puerto Rico cerca de $51,000 millones en pagos del servicio de la deuda”. Las negociaciones actuales buscan “reducir aún más los pagos del servicio de la deuda para reflejar el grave efecto de la pandemia en Puerto Rico, en su gente y en su economía; y para reflejar el continuo retraso en la implementación de las reformas estructurales necesarias definidas en el Plan Fiscal Certificado”.
Varios acreedores habían presentado un total de 172,893 reclamaciones, por un total aproximado de $44,000 millones. El equipo legal de la Junta logró eliminar la mayoría de esos reclamos: hasta la fecha, 56,506 reclamos por un total de más de $43,000 millones. Además, las reclamaciones por un total de casi $42,000 millones están en el calendario para una posible resolución por parte del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
“El objetivo general de la Junta de Supervisión es llegar a un acuerdo consensuado con el mayor número posible de acreedores y, al mismo tiempo, garantizar un acuerdo estructuralmente sostenible en el mejor interés de Puerto Rico, tan pronto como sea razonablemente posible. Las negociaciones de reestructuración de la deuda están en curso y la Junta de Supervisión está trabajando para que Puerto Rico salga de la bancarrota este año calendario. Terminar con la bancarrota es un paso crítico para restaurar el crecimiento económico y la prosperidad de Puerto Rico, cumplir con el mandato de PROMESA y darle fin a la Junta de Supervisión”.
