Por Redacción de Sin Comillas

Las enmiendas a la  Ley Núm. 60-2019, contenidas en el Proyecto de la Cámara 2172, convertido en ley esta semana, incentivará a los desarrolladores a revitalizar los centros urbanos de Puerto Rico con proyectos de vivienda asequible, asegura Agustín Rojo Montilla, presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR).

La ley establece un incentivo dirigido al desarrollo de viviendas en los centros urbanos. Para Rojo Montilla, la enmienda al Código de Incentivos de Puerto Rico aumentará el inventario de vivienda asequible. “El beneficio que traerá consigo la puesta en vigor de esta ley trasciende lo económico, es una inversión para un mejor Puerto Rico y sobre todo, a rescatar nuestros centros urbanos del deterioro que es tan visible en muchos de ellos”.

“Esta acción es un paso importante en la recuperación de centros urbanos abandonados alrededor de la isla lo que contribuirá al desarrollo de nuevas unidades de vivienda asequible, que tanta falta hacen”, señala Rojo Montilla.

“Los huracanes Irma y María, los terremotos en el sur de la isla y la crisis económica aceleraron el deterioro de los centros históricos de nuestros municipios. Esta enmienda tiene como objetivo incentivar a los desarrolladores a revitalizar los centros urbanos de Puerto Rico con proyectos de vivienda asequible. El redesarrollo de nuestros centros urbanos es costoso, pues, aunque sea ilógico la realidad es que remodelar estructuras antiguas y deterioradas es en muchas ocasiones más costoso que construir desde cero. Esta enmienda viabiliza estos redesarrollos”, destacó el presidente de la ACPR.

Algunos de los incentivos contemplados en la ley son: una tasa fija preferencial de contribución sobre ingresos de un 4% sobre los ingresos generados por la venta o arrendamiento de proyectos en centros urbanos, exención del 75% sobre las contribuciones municipales y estatales sobre la propiedad mueble e inmueble utilizada en el desarrollo de proyectos en centros urbanos. Una exención del 50% en patentes municipales, arbitrios municipales y otras contribuciones municipales para negocios exentos, 75% de exención de contribuciones a contratistas y subcontratistas de estos negocios sobre la construcción de obras, entre otros.

Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 1915 introduce modificaciones al Código de Incentivos de Puerto Rico, eliminando el requisito de obtener un Certificado de Cumplimiento para los negocios exentos bajo la ley y reemplazándolo con un Informe de Procedimientos Previamente Acordados (“Agreed Upon Procedures”) preparado por un Contador Público Autorizado. Con esta medida se busca simplificar los procesos administrativos y evitar retrasos que puedan afectar a los negocios en la Isla.

El año pasado la legislatura aprobó una medida que estableció nuevos límites en el costo de las viviendas asequibles o de interés social. El límite se estableció en $180,000 para viviendas ubicadas en centro urbano de municipios de menor densidad poblacional y en $190,000 para viviendas ubicadas en suelo urbano de municipios de mayor densidad poblacional.

Según las cifras oficiales de precio de venta de unidades de vivienda publicadas por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la mediana de precio de venta de viviendas nuevas subió en un año 28%, de $248,599 en el 2022 a $318,762 en el 2023, mientras que en el segmento de las viviendas usadas el incremento anual fue de 2.0% anual, de $179,357 a $182,999.

En el 2023 se vendieron 10,479 unidades de viviendas nuevas y usadas comparado con 10,915 en el 2022 y 13,289 en el 2021, resultando en una reducción acumulada de 2,810 unidades en los últimos dos años, según datos de la firma Estudios Técnicos, Inc.