Por redacción de Sin Comillas
La Colectiva Feminista en Construcción denunció las políticas de desplazamiento que sufre la comunidad de Río Piedras. La organización feminista ha enfrentado varios procesos legales y criminales, luego de rescatar y limpiar un edificio abandonado en la comunidad de Río Piedras.
Durante el mes de septiembre, la Colectiva Feminista, junto a vecinas de Río Piedras, llevaron a cabo una limpieza en un edificio que llevaba abandonado durante más de 10 años. Tras la limpieza, las dueñas del local, la Sucesión Más Saavedra Ramírez de Arellano, inició una demanda civil y solicitó el desahucio.
Durante el juicio surgió que el local había sido identificado por el municipio de San Juan como un estorbo público, y que la Sucesión Más Saavedra Ramírez de Arellano tiene una deuda de más de $20,000 con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). El tribunal ordenó el desahucio del inmueble y denegó una petición de indemnización de los $5,000 invertidos en la limpieza.
“Esta juez no reconoció la responsabilidad que tienen estos herederos del inmueble de mantener en condiciones aptas y dignas que no representen un riesgo para la salud y seguridad de quienes habitamos, trabajamos y transitamos Río Piedras. De igual forma, en su sentencia permite que estas personas—que no viven en nuestra comunidad y por ello no les importa el estado de la misma— se enriquezcan del trabajo y el esfuerzo de la comunidad que se organizó para limpiar el espacio. Esta decisión demuestra el pobre funcionamiento del sistema de justicia en nuestro país, porque para colmo, el Tribunal le impuso a nuestra compañera el pago de dos mil dólares de honorarios de abogado a las dueñas irresponsables, a pesar de que Ferrer-Núñez fue representada por la Clínica de Asistencia Legal, que provee representación a personas que no tienen recursos para pagar abogado”, expresó Verónica Figueroa Huertas, portavoz de la a Colectiva Feminista en Construcción.
La organización denunció la conducta racista y xenófoba de los abogados de la Sucesión Más Saavedra Rámirez de Arellano contra dos testigos del caso, mujeres dominicanas residentes de Río Piedras.
“El municipio está utilizando millones de fondos federales para un plan de diseño que no beneficia a nuestra comunidad, pero le deja en bandeja de plata a los inversionistas bajo ley 20 y 60, que vienen a comprar, pero no para residir, sino que están comprando bloques de edificios. Lo que únicamente logra que se profundice el desplazamiento en nuestras comunidades”, reclama la organización, que apelará la sentencia.
La Colectiva Feminista en Construcción alertó sobre los desplazamiento. “El desplazamiento se da tanto a nivel territorial como político. El desplazamiento no es únicamente la manifestación de los Airbnb’s y alquileres a corto plazo, no es solo que nos suban el costo del alquiler. El desplazamiento también tiene que ver con la infraestructura comunitaria, tiene que ver con las maneras en las que el costo de alimentos es más alto y los salarios cada vez más precarios, por ende, está directamente relacionado con la manera en que se gobierna este país, legislando para enriquecer a unos pocos, mientras la gente de clase pobre y trabajadora apenas puede llegar a fin de mes”, explicó Shariana Ferrer Núñez, una de las dirigentes de la organización.
