Por redacción de Sin Comillas
Organizaciones comunitarias exigieron cambios en las normas que el gobierno de Puerto Rico ha establecido para la recuperación de las familias que perdieron o sufrieron daños en sus viviendas a causa de los huracanes Irma y María. Denuncian que sin estos cambios cientos de miles de familias están en peligro de quedar sin asistencia, habrá desplazamientos y el dinero de recuperación no llegará a donde tiene que llegar, similar a lo ocurrido con Tu Hogar Renace.
Las portavoces de las organizaciones advirtieron que las normas actuales excluirán a quienes que carecen de título de propiedad y a aquellas cuyos hogares ubican en las zonas inundables delimitadas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Esta agencia amplió los mapas de inundación después del paso de Irma y María, afectando más de 200 mil viviendas. El gobierno de Puerto Rico adoptó los cambios sin cuestionamientos, explicaron.
“Sin los cambios exigidos, que incluyen considerar la mitigación antes de relocalizar, se permitirán los desplazamientos de familias pobres y desarticulación de comunidades, advirtió Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR).
Ayuda Legal Puerto Rico es una de las cuatro organizaciones que hicieron las denuncias y reclamos hoy en una mesa redonda sobre el tema en la sede del Colegio de Abogados y Abogados de Puerto Rico, en Miramar. Las otras son Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (IDEBAJO), la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña y Taller Salud. Dijeron también apoyar el reclamo de otras decenas de organizaciones comunitarias que se ven amenazadas por las reglas del Plan de Acción publicado por el Departamento de la Vivienda.
Las críticas principales del grupo se dirigieron al Programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (r3). Este es el programa principal y debe reparar la vivienda de las personas afectadas por María. Actualmente tiene más de $825 millones asignados. Las reglas son impuestas por el Departamento de la Vivienda local.
Las normas de este programa fueron aprobadas sin una participación comunitaria real y efectiva ni otras garantías claramente establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). Esto llevó a que Ayuda Legal e IDEBAJO presentaran una acción legal para exigir que la agencia cumpla con el procedimiento dispuesto en la LPAU.
Según declaró Godreau Aubert, “Vivienda anunció que ya solicitaron 8,900 personas de un tope de 20,000. Aún hay municipios sin información sobre el programa, faltan centros para llenar solicitudes, no es suficiente decirle a la gente que solicite usando un app o el teléfono.” La licenciada Nicole Díaz González afirmó que “no tenemos información sobre el término que tiene Vivienda para contestarle la solicitud o para que le inspeccionen o entreguen la ayuda. No sabemos nada. Se queda en el limbo la gente con mayor necesidad.”
El Programa R(3) se llevará a cabo con cuatro compañías extranjeras, que Vivienda alega fueron las mejores cualificadas. Éstas son AECOM Technical Services, Alliance for the Recovery of Puerto Rico, ICF Inc e Innovative Emergency Management. Las dos primeras tuvieron lazos con Tu Hogar Renace. AECOM es, además, clienta de Elías Sanchez. Sanchez según señaló el propio Secretario de la Vivienda en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo, trató de impugnar de forma extraoficial e inapropiada el que se escogieran otras compañías para el programa de recuperación.
“El mal manejo de fondos de recuperación ha sido una constante en estos dos años. Parecería que quienes único no se benefician son las personas con necesidad real de un techo. Quedan olvidadas las mujeres con sus hijos, las envejecientes, las personas con diversidad funcional y se enriquecen los mismos de siempre. Es hora de romper el ciclo y poner primero a las comunidades. Para eso necesitamos transparencia y poder decidir” exigió Jenifer de Jesús, de Taller Salud en Loíza.
La relocalización “voluntaria”
Pese a que Vivienda señala que la relocalización será voluntaria, son pocas las alternativas que tendrá una familia a quien se le prohíba reconstruir – por vivir en zona inundable- y se le obstaculice hacer una reparación mayor porque no tiene el título que requiere la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para estas gestiones. Se estima que el 50% de las personas en Puerto Rico carecen de título de propiedad. La relocalización de familias también requiere este tipo de documento. Aunque el gobierno creó un Programa de Autorización de Título, este presenta más dudas que respuestas.
“Es una vergüenza que a dos años todavía estemos con miles de casas con toldos. En plena temporada de huracanes, el gobierno insiste en tocar el único dinero que hay disponible para las casas e imponerle restricciones que terminarán excluyéndonos. Es decirle a quienes no tienen recursos que no hay otra opción que irse. Todas y cada una de las familias tienen derecho a una recuperación justa y a quedarse en las comunidades donde viven”, añadió Roberto Thomas, coordinador de IDEBAJO.
Durante la mesa redonda, las organizaciones articularon varias exigencias concretas al gobierno de Puerto Rico y su Departamento de la Vivienda, incluyendo:
· Que el Plan de Acción y las guías de implementación del Programa R3 incluyan una política pública de minimización de desplazamientos y que la relocalización sea la última alternativa.
· El compromiso del gobierno de que no habrá desplazamientos forzosos.
· Garantizar la participación real y efectiva de las comunidades mediante un consejo comunitario que asesore y fiscalice al gobierno en el manejo de los fondos de recuperación de vivienda.
· Evitar que un zar federal quite poder a las comunidades y atrase la recuperación.
· Una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced para obligar al Departamento de la Vivienda a implementar estas medidas.
ALPR presentó una querella ante la Oficina de Inspector General del Departamento de HUD el pasado 1ero de julio en la que advirtió que las guías de implementación del Programa R3 carecen de medidas de mitigación y adaptación a riesgos para evitar desplazamientos de familias. También planteó que las guías de implementación carecen de parámetros claros de elegibilidad para las familias sin título de propiedad.
El 19 de julio, ALPR presentó una segunda querella, esta vez ante la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades (FHEO) de HUD. En esta nueva querella, la organización reiteró las prácticas discriminatorias del Programa R3 así como la ausencia de políticas de minimización de desplazamientos y de procesos uniformes para que soliciten las personas dueñas que no tienen títulos formales.
Por otro lado, ALPR, e IDEBAJO solicitaron el 15 de julio pasado al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que declare nulas e ineficaces las guías de implementación del Programa R3, por haber sido promulgadas en violación de la LPAU.
ALPR e IDEBAJO plantearon al Tribunal de Apelaciones que el Departamento de la Vivienda trató las guías de implementación del Programa R3 como una mera guía interpretativa que no adjudica derechos u obligaciones ni tiene fuerza de ley. La agencia pretendió evadir de esa forma el cumplimiento de los requisitos de LPAU, entre estos, notificar al público y proveer la oportunidad de participación ciudadana.
