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Por redacción de Sin Comillas
Por entender que se violan los derechos civiles universales, gremios de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) radicaron una demanda en el Tribunal federal para que se declare inconstitucional la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), se detengan y anulen todas las acciones de la Junta de Control Fiscal y se paralice la implantación de los planes fiscales.
La demanda en contra de la Junta, el Gobierno de Puerto Rico y el de Estados Unidos fue presentada por la Asociación de Empleados Gerenciales de la CFSE; la Unión de Empleados (UECFSE) y la Unión de Médicos de esa corporación (UMCFSE), representados por el Bufete Emmanuelli, C.S.P.
Los grupos sindicales exponen que PROMESA viola las enmiendas decimotercera (13ra.) y decimoquinta (15ta.) de la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia estadounidense, además de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre otras convenciones internacionales.
El recurso puntualiza que los puertorriqueños que residen en la isla no pueden votar por el presidente y congresistas como sus representantes en el gobierno federal y tampoco pueden votar para escoger a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, aun cuando las decisiones que toma este organismo no electo democráticamente les afectan directamente. Plantea, además, que los únicos representantes políticos que tienen los puertorriqueños no tienen poder real para decidir sobre su futuro, por lo que se han menoscabado sus poderes políticos mínimos como ciudadanos.
“La imposibilidad de votar por los funcionarios públicos federales, la privación del derecho al voto sobre la Junta de Supervisión Fiscal junto al menoscabo de las prerrogativas políticas del gobierno local, causados por PROMESA ti enen su base en el racismo de los Casos Insulares, que restringe los derechos fundamentales, que son la esencia de la libertad civil consagrada en la Constitución de los Estados Unidos. Esta subordinación política constituye signos e incidentes de la esclavitud (“badges and incidents of slavery”), que están prohibidos en las enmiendas 13ª y 15ª de la Constitución Federal, expresó uno de los representantes legales de los gremios en esta demanda, Rolando Emmanuelli Jiménez.
Explicó que los signos e incidentes de esclavitud, se refieren a las acciones contra cualquier grupo racial o población a causa de su raza y que conducen al sometimiento u opresión política.
“Al aprobarse PROMESA, el Congreso se desvió del mandato constitucional al privar al pueblo de Puerto Rico de sus derechos constitucionales de libertad política. De hecho, PROMESA genera el efecto opuesto a la libertad política”, reiteró Emmanuelli Jiménez.
Como parte de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, el gobierno promulgó legislación dirigida a socavar y menoscabar los derechos y beneficios laborales que garantizan la salud y el bienestar de los trabajadores de la CFSE. Algunos incluyen: congelar la nómina; estandarizar la atención médica brindada a los empleados del gobierno; congelar la contratación con requisitos estrictos para las posiciones de relleno dejadas abiertas por desgaste o reducción de la fuerza de trabajo; limitar los días feriados a 15 días al año entre todos los empleados públicos; prohibir el arrastre de días de enfermedad y vacaciones entre los años fiscales y eliminar la liquidación de días de enfermedad y vacaciones.
El Plan Fiscal impone a la CFSE una reducción de aproximadamente $152 millones en gastos de personal de un total de aproximadamente $229 millones de reducción de costos a través de los cinco años del Plan Fiscal Certificado. Estas medidas perjudicarán inminentemente los derechos y beneficios laborales de los miembros de los gremios demandantes.
“El menoscabo de los derechos y beneficios laborales tienen consecuencias graves y negativas para los trabajadores del Fondo y el Estado Libre Asociado. Arroja a los empleados a un entorno inseguro, ilegal y económicamente inestable. Estas acciones gubernamentales son un duro golpe para la fuerza de trabajo que solo puede resultar en la disminución de la productividad laboral. Por lo tanto, perjudicará un servicio esencial que debe garantizarse, y nos concede legitimación activa para llevar esta reclamación”, manifestó el presidente de la Unión de Empleados, Francisco Reyes.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales, José Ortiz Torres, destacó que “la CFSE, por más de 80 años, ha cumplido con su objetivo del contrato social que es la rehabilitación y comprensión a la clase trabajadora y profesional junto a la inmunidad a los patronos contra demandas. Ante la crisis económica y factores demográficos, la CFSE hoy se tornó más vigente en su modelo y concepto”.
El presidente de la Unión de Médicos de la CFSE, Héctor Benítez, alertó a cerca de los riesgos a la salud de la clase trabajadora en caso de que se materialicen los planes impulsados por la Junta de Supervisión Fiscal, criatura de PROMESA, a los fines de privatizar la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
“De los primeros impactos lo será la desaparición de la protección a los más vulnerables. Los servicios médicos que se ofrecen desde la Corporación son esenciales y únicos. Ninguna empresa privada asumirá la misión de proteger todo tipo de riesgos, aún a costa de su estabilidad financiera. Es ésta la función de una entidad pública. Hay que proteger, a toda costa, la naturaleza y misión de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado”, sostuvo.
Esta demanda se suma a la presentada por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y otras organizaciones laborales que cuestionan la constitucionalidad de la ley PROMESA.
