Por redacción de Sin Comillas
The 20/22 Act Society –que agrupa a inversionistas relocalizados en Puerto Rico acogidos bajo a los decretos de las leyes 20 y 22 del 2012– inició una acción legal por incumplimiento de acuerdos y contratos establecidos al promulgarse las leyes con dichos inversionistas.
“Luego de sostener varias conversaciones para tratar de resolver estos asuntos, no nos ha quedado otra salida que proceder con un recurso legal para atender la situación de incumplimiento de los acuerdos contraídos con nosotros cuando firmamos los decretos de las Leyes 22 y 60. Constantemente se han hecho cambios a los mismos; trastocando así, las reglas con las que inicialmente los inversionistas decidimos hacer la inversión en Puerto Rico”, señaló Robb Rill, fundador de The 20/22 Act Society.
“Dado a las constantes modificaciones a las Leyes 20 y 22, las cuales se cambiaron, casi en su totalidad, y hoy están recogidas en la nueva Ley 60 del 1 de julio de 2019, los inversionistas se ven obligados a detener la implementación retroactiva ya que se les está violentando su contrato inicial. Esto puede resultar en un mal precedente para la inversión en la Isla”, expresó Pedro Ortíz Álvarez, representante legal del grupo.
Aseguran que esto podría trastocar el clima de inversión en Puerto Rico. “Varios cambios se hicieron a través de los años a las leyes 20 y 22. Aunque en la ley 60 del 2019 se había señalado que los ya acogidos a las Leyes 20 y 22 podrían gestionar una cláusula de anterioridad (“grandfather clause”) que les excluyera de ciertos efectos o restricciones anteriores a la fecha de la nueva ley. Esta cláusula podía gestionarse hasta el 31 de diciembre del 2019”, acotó el abogado. “Así lo hicieron. Sin embargo, hay varios cambios incluidos retroactivamente. El ejemplo más contundente es el de la cuota administrativa, originalmente de $300 y pagadera al momento de someter el informe anual del decreto. Ahora ha cambiado a $5,000. El desglose que se hace es que son $300 como cuota administrativa y $4,700 que se destinan al Fondo General de Puerto Rico. Esto, claramente, es un impuesto no contemplado anteriormente”.
“Un decreto es un contrato y su menoscabo plantea una seria interrogante constitucional. La Sociedad y sus miembros no tienen ningún problema con los posibles cambios en la ley si estos son aplicados prospectivamente. De esta manera, los nuevos inversionistas sabrán de antemano la cantidad que tendrán que pagar. Si bien un aumento de tal magnitud podría considerarse deficiente en términos de política pública, el tratamiento prospectivo no se está cuestionando en la demanda”, continuó Ortiz Álvarez.
De acuerdo con un estudio preparado por la firma Estudios Técnicos y publicado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), entre los años 2015 al 2019, los programas de incentivos bajo las leyes 20 y 22 crearon más de 36,200 empleos y recaudaron $169 millones para el fisco. La inversión de los participantes del decreto de Ley 20 ronda en los $1,200 millones. Bajo ambas leyes se han otorgado aproximadamente 2,600 decretos.
