Por Redacción de Sin Comillas
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) ha presentado ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan un recurso legal contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), al que ha solicitado en reiteradas ocasiones información sobre los servicios de salud que provee a la población penal la empresa Physician Correctional.
Amanda Pérez Pintado, periodista del CPI, solicitó al DCR desde el 2 de mayo información sobre los servicios facturados por Physician Correctional (Physician HMO), la empresa que provee los servicios de salud a la población penal. La compañía enfrenta varias demandas por negar servicios médicos a los confinados y fue la que autorizaró, incorrectamente, la liberación del feminicida Hermes Ávila Vázquez.
“Las solicitudes hechas al DCR cumplieron todos los requisitos en ley; es información de alto interés público, la agencia tiene el deber ministerial de entregarlo; y lo que pedimos no está protegido por ley, reglamento, privilegio o reclamo de confidencialidad, ni bajo alguna excepción”, explicó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
Pérez Pintado pidió al DCR los nombres de los confinados que han sido liberados o recibido pases extendidos, con sus fechas de excarcelación y las razones; un desglose de los servicios facturados por la compañía desde 2020; y un desglose de servicios facturados por el confinado Ávila Vázquez desde 2020 hasta que se le dio el pase extendido en abril de 2023. Además, la periodista solicitó el informe de monitoreo mensuales la empresa desde 2018; los informes anuales de las operaciones de los servicios de salud correccional y sus niveles de cumplimiento; los informes de auditoría de Health Strategy Consulting sobre el contrato de Physician Correctional con el DCR; y los informes de auditoría de la compañía UTICORP.
“Agotamos todos los remedios administrativos y el DCR no ha cumplido. Al no existir otro remedio eficaz, y debido a que la negativa de proveer la información lacera nuestros derechos constitucionales y legales, nuestra representación legal presentó el mandamus”, señaló la directora del Centro.
Desde la petición original hasta el presente, la periodista hizo gestiones de seguimiento ante la agencia y la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, para obtener la información solicitada. En un principio, el 16 de mayo, la directora de prensa y comunicaciones de la agencia, Yvonne Guadalupe Negrón, pidió una prórroga de 10 días laborables para entregar la información dado que era “voluminosa”, no habían concluido el proceso de recopilarla y analizarla, y estaban trabajando “con múltiples solicitudes de información”. Ya han pasado cinco meses.
Sobre los informes de auditoría que realizó UTICORP, la agencia dijo que los documentos de la auditoría de expedientes médicos de confinados eran evaluados por el Departamento de Justicia y formaban parte del sumario fiscal del caso, por lo que no se podían compartir con los medios.
En los casos en los que el Estado invoca algún reclamo de confidencialidad, hay que determinar “si el interés público en divulgar la información excede el reclamo de confidencialidad”. Y para que el Estado prevalezca, “éste debe presentar prueba y demostrar la existencia de intereses apremiantes de mayor jerarquía que los valores protegidos por este derecho de libertad de información de los ciudadanos”, recalca el recurso presentado.
