Laura Taylor Swain, jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico
Por redacción de Sin Comillas
La jueza Laura Taylor Swain del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico declaró el viernes nula y sin efecto ab initio la Ley de Reforma Laboral (Ley 41-2022), que deroga ciertos elementos de la Reforma Laboral de 2017.
En septiembre del año pasado, la Junta de Control Fiscal había presentado una demanda para anular la Reforma Laboral, que había entrado en vigor el 20 de julio del 2022. La ley disminuye el periodo probatorio y restablecen las protecciones contra el despido injustificado, aumenta la acumulación de licencia por vacaciones y le extiende dicho beneficio a empleados a tiempo parcial, entre otros asuntos.
El Tribunal reclama que el Gobierno no ha presentado un “estimado formal” del impacto de la Ley 41-2022, “un estimado completo y preciso que cubra los efectos de la nueva legislación en los ingresos y gastos’ durante todo el periodo del plan fiscal”.
Un análisis económico realizado por la Junta concluyó que la Ley 41 tendrá un efecto negativo en el mercado laboral de Puerto Rico y en su economía en general, lo que conllevará menos puestos de trabajo, una mayor emigración, un menor crecimiento económico y menores ingresos fiscales para el Gobierno de Puerto Rico. “La práctica de promulgar leyes sin tener en cuenta, o sin comprender, las consecuencias económicas es una de las principales causas de la crisis fiscal de Puerto Rico y de su eventual quiebra”, señala la Junta.
Varias organizaciones del sector privado como Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET) y Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) apoyaron en su día la decisión de la Junta de demandar al Gobierno para invalidar cambios a la Reforma Laboral de 2017.
Por su parte, la Asociación de Economistas de Puerto Rico apoyó al Gobierno y señalaba en septiembre del año pasado que la Junta se equivocaba al concluir que la Ley 41 tendría un efecto negativo en la economía, aunque decía que la Ley 41-2022 “fue insuficiente”.
