¿De dónde la Junta saca que es sustentable esta propuesta de plan de pago a los bonistas de obligaciones generales?, cuestiona el economista José I. Alameda Lozada

Por redacción de Sin Comillas

La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público y el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda expresaron su preocupación ante el acuerdo preliminar con un grupo de bonistas de Obligaciones Generales (GO’s) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) anunciado por la Junta de Control Fiscal, que supone reestructurar $35,000 millones en deudas del gobierno central.

Las organizaciones consideran que “la Junta continúa abdicando a su responsabilidad de promover una auditoría integral de la deuda, y está abandonando sus planteamientos de que gran parte de esta deuda fue emitida en violación de la Constitución de Puerto Rico, por lo que debe ser cancelada, y que los bancos suscriptores, asesores y bonistas que recibieron pagos por estas emisiones deben devolver los miles de millones que recibieron del Pueblo de Puerto Rico”.

“Nos parece inaceptable que mientras la Junta insiste en recorte a pensiones, con este acuerdo se esté haciendo una oferta de pago también para bonos emitidos ilegalmente de entre 35 a 45 centavos el dólar. Esta deuda debe ser cancelada. Si la Junta propone un acuerdo con estos bonistas, eso redundaría en impunidad para los responsables porque podría eliminar todas las reclamaciones a bancos e instituciones financieras que apoyaron y generaron esas deudas ilegales. El pueblo de Puerto Rico no tiene por qué pagar por las ilegalidades de administraciones anteriores”, manifestó Luis José Torres Asencio, abogado, profesor de derecho constitucional y presidente de la Comisión Ciudadana.

“También se estaría renunciando a los fondos que se pueden recuperar de estas transacciones ilegales. Con sus actos, se demuestra, una vez más, que lejos de estar interesada en garantizar que estos procesos de reestructuración protejan los servicios esenciales, las pensiones y aseguren el bienestar general de la ciudadanía, la Junta solo está del lado de la negociación acelerada de acuerdos con los bonistas, a sabiendas de que no son beneficiosos para el País”, añadió Torres Asencio.

Las organizaciones señalan que la Junta no es transparente con la deuda que se está reestructurando. Se habla de una reducción de $35,000 millones a $12,000 millones, pero hay sobre $16,000 millones en deuda que no son de bonos y que se estaría pagando a razón de 9 centavos sin describir de qué tipo de deuda se trata. “Mucha de la deuda no asegurada es deuda legal con trabajadores, demandas por daños y perjuicios o deudas con suplidores. La Junta propone pagar a los bonitas un promedio de 73% y 56% de su acreencia y solamente el 9% a acreedores locales. Para muchos bonistas, 56% representaría una ganancia sustancial, pues adquirieron los bonos sumamente baratos”, explicó José González Taboada, vicepresidente de la Comisión Ciudadana.

Denunciaron que el acuerdo fue pactado con un grupo de bonistas, como Golden Tree Asset Management, LP, que han aumentado significativamente su tenencia de bonos de Puerto Rico luego del paso del huracán María.

Los representantes de ambas organizaciones también cuestionaron “la generosa” oferta a tenedores de bonos que aunque no han sido cuestionados en el tribunal, tampoco han sido auditados. “Mientras la Junta afirma que este acuerdo representa una reducción sustancial de la deuda del gobierno central, en realidad sólo propone una reducción de 36% de $6,900 millones, que representa poco más del 50% de los bonos de obligaciones generales, y un 27% de recorte a $3,900 millones en bonos de la Autoridad de Edificios Públicos. Es decir, se ofrece pagarle a estos bonistas, entre 64 y 73 centavos por cada dólar. Este pago se suma al de COFINA, que ya comprometió gran parte de nuestros fondos públicos. El pueblo no se debe dejar engañar, este acuerdo es muy beneficioso a los bonistas buitres y todavía impagable para el pueblo”, añadió Eva L. Prados Rodríguez, portavoz del Frente Ciudadano.

Por último, el economista e integrante de la Comisión Ciudadana, José I. Alameda Lozada, cuestionó la sostenibilidad del acuerdo preliminar. “El acuerdo genera más preguntas que respuestas. ¿De dónde la Junta saca que es sustentable esta propuesta de plan de pago a los bonistas de obligaciones generales? Los análisis económicos que hemos realizados demuestran que Puerto Rico con el acuerdo de COFINA comprometió gran parte de capacidad para cumplir con los servicios esenciales y pagar la deuda que tiene en bonos. Este nuevo acuerdo no presenta un escenario real y sustentable para el pago de la deuda que no represente más dolor para el pueblo y un impago a largo plazo”, acotó Alameda Lozada.

Los integrantes de ambas organizaciones exhortaron al Pueblo a rechazar este nuevo intento de poner en riesgo los servicios esenciales y las pensiones y a insistir en la auditoría ciudadana integral de la deuda como requisito esencial previo a cualquier acuerdo de restructuración de deuda.