Por redacción de Sin Comillas
Hasta el 31 de marzo, se habían asignado $62,799,574,254 en fondos federales para la recuperación del huracán María, se habían obligado $42,558,062,438 y los desembolsados totalizan $18,200,246,150. Por tanto, a 44 meses del huracán María solo se ha gastado el 29% de los fondos asignados por el Congreso de Estados Unidos.
La información está incluida en la publicación mensual, CNE Review, donde se detallan los recursos asignados a Puerto Rico por el gobierno federal para la reconstrucción y recuperación luego del huracán María, realizado por el Centro para una Nueva Economía (CNE).
El informe atribuye la lentitud en el desembolso de fondos federales a la decisión de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el gobierno de Puerto Rico de usar un proceso alterno para la aprobación y desembolso de estos fondos. La Sección 428 del Stafford Act, provee un proceso que según explica el análisis, no estaba tan bien delineado como se pensó originalmente. Dicho proceso ha resultado ser sumamente burocrático y el periodo para llegar a acuerdos sobre los estimados de costo para estos proyectos se ha extendido varias veces, la más reciente hasta el diciembre 31 de 2021.
“Obligar y gastar los fondos federales asignados para la reconstrucción y recuperación de Puerto Rico es solo una parte de este proceso. La secuencia de eventos que llamamos “huracán María”, y sus consecuencias, tienen sus raíces en múltiples decisiones que se tomaron hace décadas. Al final, entonces, cómo será el Puerto Rico después del huracán María dependerá en gran medida de cómo abordemos los problemas duraderos de clase, raza, segregación, pobreza, desigualdad y acceso al poder político que hemos ignorado durante demasiado tiempo”, comentó Sergio M. Marxuach, director de Política Pública del CNE.
Según Marxuach, el daño del huracán no puede atribuirse exclusivamente al evento meteorológico. Ya Puerto Rico arrastraba unas deficiencias que nos hacían vulnerables a los desastres naturales, como por ejemplo las del sistema eléctrico.
“¿Vamos a reconstruir de una manera que reproduzca estas vulnerabilidades?”, cuestionó en su análisis. “¿Quién y cómo decidimos gastar esta bonanza federal inesperada? ¿Quién se considera ‘digno’ de ayuda, por qué, de qué tipo y de quién? ¿A cuál comunidad costera se le construye un rompeolas y qué comunidad se traslada a una ‘zona más segura’? ¿Dónde construimos escuelas públicas, hospitales e infraestructura de electricidad, agua y telecomunicaciones nuevas, y quién decide?”
Finalmente califica como inaceptable que no ha habido absolutamente ninguna acción con respecto a los $1,900 millones asignados específicamente por el Congreso para modernizar y reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico.
