Miguel Soto Class, presidente del Centro para una Nueva Economía. (Foto suministrada)

Por redacción de Sin Comillas

Hacer frente al COVID-19, acelerar la reconstrucción tras los daños ocasionados por el huracán María (septiembre, 2017), maximizar los fondos para la rehabilitación de viviendas y solucionar los problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Esos son los cuatro temas prioritarios en los que debería concentrarse el Gobierno, según un memorando enviado por el Centro para una Nueva Economía (CNE) al gobernador Pedro Pierluisi.

Pero hay otros temas que no se deben quedar atrás: la reestructuración de la deuda, el acceso equitativo a todos los programas federales y el crecimiento económico.

“Puerto Rico atraviesa por varias crisis simultáneas y sobrepuestas una sobre la otra. Esta situación exige una respuesta robusta de parte del gobierno de Puerto Rico precisamente cuando su capacidad de ejecución se encuentra limitada por la quiebra, la politización del empleo público, años de políticas de austeridad y la corrupción. Esa conjunción de una agenda de trabajo abrumadora y la falta de recursos humanos y financieros requiere que se establezcan prioridades claras de trabajo”, señala el CNE en el memorando.

COVID-19

El asunto más urgente es la pandemia. El CNE recomienda:

  • Continuar educando a la ciudadanía sobre la importancia de utilizar mascarillas, guardar distanciamiento social y evitar la aglomeración de personas en lugares públicos.
  • Redoblar los esfuerzos para realizar pruebas y continuar con el rastreo y contacto de personas que hayan podido estar expuestas al virus.

Se han hecho avances en el proceso de vacunación, pero el CNE cree que pueden surgir algunos problemas logísticos a corto plazo. Para atajarlos, sugieren:

  • Habilitar múltiples centros de vacunación a nivel local, no solo en hospitales, CDTs y farmacias, sino también en centros comunitarios y otras instalaciones de fácil acceso alrededor de toda la isla.
  • Entrenar y autorizar a dentistas, técnicos de emergencias y paramédicos, y otro personal con entrenamiento apropiado, a vacunar personas contra el COVID-19.

Estiman que “es necesario continuar apoyando a los dueños de pequeñas y medianas empresas, así como a las personas que han quedado desempleadas debido a la pandemia”. Para ello recomiendan diseñar un programa local para ayudar a los más necesitados y a las poblaciones que por una variedad de razones no estén cubiertas por el plan del gobierno federal.

Reconstrucción

“La lentitud con que se ha llevado a cabo el proceso de reconstruir el acervo de capital destruido por los huracanes de 2017 y los terremotos de 2020 constituye un lastre sobre la economía de Puerto Rico”. Es necesario que la Oficina de Gerencia y Presupuesto federal acelere el proceso de prorratear (“apportion”) las asignaciones congresionales para permitir su uso. Además, se deben enmendar las condiciones para el desembolso de fondos CDBG-DR establecidas en los contratos de subvención (“grant agreements”) con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para establecer un proceso de control razonable y no-discriminatorio.

“Más allá de acelerar el desembolso de los fondos para la reconstrucción, recomendamos que se les otorgue prioridad a las áreas de vivienda y energía”, apunta el memorando.

Vivienda

Ante las necesidades urgentes de vivienda sugieren crear un marco abarcador de planificación y política pública que se fundamente, como mínimo, en los siguientes principios:

  • proveer vivienda digna, segura y asequible para todos
  • desarrollar comunidades inclusivas, saludables y con oportunidades plenas de movilidad social,
  • fomentar la participación de comunidades en todos los procesos de toma de decisiones
  • el Gobierno debe administrar de forma rápida y efectiva los $325 millones que se identificaron para Puerto Rico bajo el programa de “Emergency Rental Assistance Program” que se creó a través del Coronavirus Relief Fund

Energía

Hay cuatro procesos que afectará el futuro del sistema eléctrico:

  1. el Plan Integrado de Recursos (“PIR”) de la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”) ha sido aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico (“NEPR”) y su implementación está por comenzar;
  2. la AEE intenta modernizar y reconfigurar la red eléctrica de Puerto Rico como parte del esfuerzo más abarcador de reconstrucción de la infraestructura de la isla;
  3. los términos de la deuda de la AEE con sus bonistas y otros acreedores se están renegociando bajo el Título III de PROMESA; y
  4. el gobierno de Puerto Rico ha firmado un acuerdo para transferir la administración y operación del sistema de transmisión y distribución de electricidad a una entidad privada y comenzado el proceso para hacer lo mismo con la capacidad de generación.

“Es imperativo que la reconstrucción de la red eléctrica, la reestructuración de la deuda de la AEE y la privatización de la administración y operación del sistema se ejecuten de una manera que sea consistente con el PIR, que es el plan maestro para el sistema eléctrico a largo plazo. Al momento hay dos planes – el “System Remediation Plan” (“SRP”) y el Plan de Modernización de Infraestructura (“PMI”) – que se están ejecutando como dos proyectos en paralelo y que efectivamente resultarán en esfuerzos duplicados y en el despilfarro de fondos”, explica el CNE.

Para hacer frente a estos cuatro temas, el CNE recomienda:

  • nombrar un coordinador que le reporte directamente a la Secretaria de la Gobernación y que tenga la autoridad para coordinar estos cuatro procesos para que se ejecuten de manera ordenada, eficiente y racional;
  • que el NEPR celebre vistas públicas para que la AEE explique cómo se va a coordinar el SRP y el PIM a diez años, y cómo va a evitar la duplicación de esfuerzos y el desperdicio y malgasto de fondos; y
  • no aprobar la construcción nueva de infraestructura de almacenaje de gas natural o de generación eléctrica con gas natural, a menos que sea consistente con los requerimientos del PIR.

Reestructuración de la deuda

La Junta de Control Fiscal tiene hasta el 10 de febrero para alcanzar un acuerdo en la reestructuración de $35,000 millones de deuda pública. En octubre de 2020, la Junta revisó su oferta a los acreedores para reducir la deuda a aproximadamente $11,900 millones, consistiendo de (1) $6,000 millones en efectivo; (2) $4,900 millones en nuevos BOG; y (3) $1,000 millones en la forma de un Instrumento de Valor Contingente (“IVC”).

El CNE opina que “en el contexto actual, la introducción de un IVC es un avance novedoso, ya que ofrece una alternativa para mitigar el alto nivel de incertidumbre, ofreciendo a los inversionistas un recobro mayor, en caso de que la economía tenga un desempeño superior, mientras protege al gobierno y a los residentes de Puerto Rico en caso de que los ingresos del gobierno estén por debajo de las expectativas”.

“En el análisis final, es una propuesta en la que todos ganan, ya que los inversionistas participan de cualquier escenario económico potencial al alza; Puerto Rico se queda con una carga de deuda sostenible y; ambas partes mitigan el riesgo de un nuevo incumplimiento a corto plazo”.

Agenda en Washington, D.C.

El gobierno deben volver a comprometerse a asegurar el acceso equitativo a todos los programas federales para Puerto Rico, especialmente en lo que se refiere a:

  • los fondos de Medicaid,
  • la extensión de un Crédito por Ingreso Devengado (“EITC”, por sus siglas en inglés),
  • el acceso al Seguro de Ingreso Suplementario (“SSI”, por sus siglas en inglés) y
  • una transición bien pensada al Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (“SNAP”, por sus siglas en inglés).

“Es importante que, en paralelo, los funcionarios locales ayuden a eliminar el estigma público y el discurso negativo en torno a las poblaciones que participan en programas de bienestar”.

Crecimiento económico a mediano y largo plazo

Y finalmente, el memorando del CNE destaca la importancia de “comenzar a pensar en una política industrial del siglo 21 para Puerto Rico. Una política industrial moderna busca identificar sectores económicos, por ejemplo, agricultura de alta tecnología, servicios avanzados o especializados, o manufactura sofisticada, en la que un país tiene la oportunidad de crear mayor valor agregado y así generar crecimiento económico, así como nuevos y mejores empleos”.