Por redacción de Sin Comillas

“En la manifestación de anoche se vio perfectamente a la Policía de Puerto Rico a la ofensiva, lanzando gases lacrimógenos sin provocación alguna, dispersando la manifestación frívola e ilegalmente e incitando a la confrontación”, sostuvo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero, una organización sin fines de lucro que promueve una reducción de la brecha de poder que facilita los excesos del Estado contra la ciudadanía, especialmente los que ejerce la Policía de Puerto Rico.

La organización advirtió que extenderá la denuncia sobre las acciones ilegales de la Policía y el llamado a que respete la libertad de expresión a foros, aliados y organizaciones fuera del País. “La Reforma de la Policía en Puerto Rico es un hazmerreír. Está comprobado que no podemos contar con el juez que supuestamente la supervisa ni con el Departamento de Justicia federal que la impulsó”, dijo Mari Narváez.

“Los manifestantes ni siquiera estaban pegados a la Policía. Constantemente levantaban los brazos en señal de que no estaban haciendo nada ilegal que justificara el lanzamiento de gases lacrimógenos y balas de goma que recibieron. Aún así, la Policía violentó crasamente el derecho a la expresión que convocó a la ciudadanía bajo el reclamo de que el gobernador Rosselló renuncie a su puesto. Fueron múltiples las veces que lanzaron gases contra cientos de manifestantes, agredieron a otros con balas de goma y golpes, y arrestaron a más de tres personas de forma azarosa, sin motivos aparentes para ello. Lo que vimos anoche fue a una policía intolerante, violenta y con sentido de impunidad”.

“Una vez más, exigimos respeto a la indignación y expresión del pueblo. Si aquí no hay rendición de cuentas, multiplicaremos el reclamo de justicia y respeto de nuestros derechos”.

La directora también dijo que las declaraciones de anoche del comisionado de la Policía, Henry Escalera al decir: “vamos a defender la democracia hasta la última gota de sangre” son irresponsables y muy peligrosas. “Ante la situación de extrema desconfianza en que nos encontramos, no podemos dejar de preguntarnos qué estará planificando o anticipando el señor Esclera con esas palabras tan hiperbólicas. ¿Quiere sangre? ¿La está buscando? Si es así, le falla estrepitosamente al pueblo de Puerto Rico pues su trabajo, precisamente, es proteger la integridad humana y los derechos fundamentales de los puertorriqueños que hoy salen a expresar su voluntad. Cualquier derramamiento de sangre es y será responsabilidad suya y del gobernador de turno, tal y como ha ocurrido a lo largo de nuestra historia con la violencia del estado contra la disidencia”.

Por otro lado, la Organización sostuvo que las expresiones del gobernador Rosselló, miembros de su gabinete y contratistas en el chat publicado son “una evidencia insólita y dolorosa de cómo el estado utiliza su poder para intimidar y coartar las libertades civiles de opositores políticos, disidentes y periodistas. Si esto lo hace el Gobernador, qué podemos esperar de la Policía”, se cuestionó.

Rosselló y su grupo dedican buena parte de sus intercambios a insultar o “marcar” a personas que consideran opositoras, sugerir escarmientos, campañas violentas de troles en su contra, entre muchas otras estrategias perversas.

“El caso del ex monitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio, es importante porque todo indica que los miembros del chat lograron su propósito. El Monitor, en efecto, terminó renunciando. Hay que preguntarse cuánto tuvo que ver la intención discutida en el chat con la materialización de esa renuncia”.

El chat abarca menos de dos meses de conversación y se “marca”, por ejemplo, a Manuel Natal, a quien sugieren dar un “escarmiento” “refiriéndolo” a la Policía “sin hacerlo público”.

“¿Qué era lo que iban a “referir” a la Policía si no hay indicación de que Natal hubiese cometido delito alguno? ¿O es que estaban sugiriendo fabricarle un caso?”, se preguntó Mari.

“Muchas de las personas señaladas en el chat son críticas del gobierno, unas más que otras. Pero ninguna representaba una amenaza real contra los integrantes del chat de Rosselló, que no fuera en aspectos estrictamente político-partidistas. Si el grupo de Rosselló ‘marcaba’ a periodistas, fiscalizadores, activistas y adversarios por algo tan obvio y normal como es disentir, esto sugiere que la represión en Puerto Rico está normalizada. No solo se sigue reprimiendo utilizando los recursos del estado para destruir reputaciones, proyectos, ideas, libertad de expresión y de prensa. También se reprime a los disidentes potenciales por el mero hecho de existir. Solo por ser periodista u opositora ideológica te insultan o hasta hablan de querer matarte. Si levantas la voz contra ellos, te “caen arriba” con su “gente” en las redes sociales. Esto es muy peligroso e inaceptable en un país que se jacta de tener “libertades civiles”, y es extremadamente desafiante para quienes hacemos trabajo de resistencia. Que el Ejecutivo, con fondos públicos, le pague a los ‘troles’ para que insulten, amenacen, intimiden y dañen reputaciones, es una práctica violenta, corrupta y peligrosa por el efecto paralizante que tiene en el ejercicio de expresión y en la reputación de disidentes políticos, periodistas, analistas y otras personas”, concluyó Mari Narváez.