Por Luisa García Pelatti
Durante los próximos 10 días, el Gobierno analizará el impacto económico de una docena de recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Especial para los Sistemas de Retiro. Estas medidas, junto a otras que ya han sido puestas en vigor, el Gobierno busca resolver la situación fiscal del Sistema de Retiro, que tienen un déficit actuarial de $25,000 millones y evitar una nueva degradación del crédito por parte de Moody’s.
El sábado el gobernador, Luis G. Fortuño, se reunión con líderes legislativos de los dos partidos y decidieron dar un plazo de 10 días para analizar las alternativas, que podrían incluir un aumento en las aportaciones a empleados, una reducción de beneficios o una combinación de ambas alternativas. A preguntas de la prensa, el gobernador no negó que entre las alternativas bajo estudio haya una que contemple un aumento en las aportaciones de los empleados.
Recordemos que este verano ya se ha aprobado legislación para aumentar la aportación del Gobierno. La Ley 116 del 2011 aumenta la aportación patronal –de decir del Gobierno– del actual 9.3% a 20.3% 2021. Las aportaciones aumentarán 1% los primeros cinco años, 1.25% los cinco siguientes hasta haber alcanzado un alza de 20% en el 2021. Se trata de $51 millones más en el 2012 y de $600 millones adicionales hasta el 2021. La cuestión es ¿puede un presupuesto tan comprometido como el del Gobierno hacer frente a este gasto extra?
Por otro lado, el Proyecto del Senado 1352 reduce a $3,000 la cantidad máxima que se puede pedir prestado a Retiro, lo que según Fortuño aumenta en $200 millones el dinero de caja de Retiro”. La medida permite, además, que las cooperativas puedan dar préstamos a los beneficiarios. Esta medida tiene que ser aprobada por la Cámara de Representantes.
El Gobernador explicó que las medidas ya tomadas para aumentar la aportación patronal al sistema, reestructurar el programa de préstamos y la inversión especial de $165 millones “han ayudado grandemente, pero no resuelven el problema completamente”. “Si no hubiésemos tomado esas medidas, el sistema se hubiera quedado sin dinero en el 2014. Con esas medidas, le hemos alargado la vida a los sistemas de retiro hasta el 2022. Pero, obviamente, tenemos que hacer más. Y creo que hoy hemos dado un paso de avance”, dijo Fortuño.
“La reunión fue bien positiva. Creo que todos estamos de acuerdo en que este es el tipo de problema que requiere unas soluciones de consenso y es en ese espíritu que llevamos a cabo la reunión. Compartimos con el liderato legislativo una presentación bien completa que refleja la cruda realidad. Y la cruda realidad es que el sistema de retiro de empleados públicos y la Judicatura tienen solamente 8 centavos por cada dólar que tendrá que pagar en beneficios hacia el futuro y el de maestros solamente 25 centavos. Aquí no es cuestión de echar culpas, sino de buscar soluciones. Esto es un problema complejo que ha estado desatendido por años, y ya es hora de que busquemos soluciones todos juntos”, dijo Fortuño.
