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Por redacción de Sin Comillas
La presidenta de la Asociación Farmacias de Comunidad, Idalia Bonilla, junto al Centro Unido de Detallistas, COOPHARMA, Farmacias Aliadas, y Empresarios por Puerto Rico le solicitaron a la Legislatura que se mantengan los estudios de impacto económico en la Reforma de Permisos considerada por ambas Cámaras legislativas.
“Los estudios de impacto económico tienen el propósito de evitar el acaparamiento o concentración del mercado en un área particular, sin impedir la entrada de nuevos comercios a la Isla. Estos garantizan la planificación responsable, asegurando la estabilidad económica de los comercios ya existentes, tomando en cuenta otros aspectos de planificación como el tráfico,” explicó Bonilla, licenciada en farmacia y dueña de farmacia de comunidad.
De igual forma, el director ejecutivo de las Farmacias Aliadas, Luis Serrano indicó que “los estudios de impacto económico garantizan una competencia justa al crear un balance empresarial en la isla. La derogación de los estudios de impacto económico iría en detrimento de la pequeña y mediana empresa local”.
Por su parte, el Centro Unido de Detallistas (CUD) señaló que la nueva Ley de Permisos tiene muchísimos aspectos positivos que ellos han reclamado por años. “Sin embargo, el único aspecto negativo es de tal magnitud, que deja sin efecto todas sus bondades. La eliminación del Artículo 2.16 de la Ley 62-2014, suprime del estatuto el Estudio de Impacto Económico Regional, que es la única herramienta que permite una planificación justa y organizada. De otro lado, es de vital importancia que el profesional autorizado pueda emitir permisos en municipios autónomos, cosa que no ocurre en la actualidad”, sostuvo Nelson J. Ramírez Rivera, presidente del CUD.
El grupo alega que la eliminación de este estudio beneficiará únicamente a las megatiendas o cadenas, cuyo modelo de negocio tiene el efecto evidente de sustituir las empresas locales ya establecidas. Los estudios de impacto económico constituyen uno de los pocos mecanismos disponibles para evitar, en lo posible, el continuo desplazamiento de las empresas locales existentes, en su mayoría, pequeñas y medianas empresas como las farmacias de comunidad. Diversos estudios han calculado que por cada empleo que crea una mega-tienda o cadena, se pierden 1.4 y 1.5 empleos en las empresas locales desplazadas.
“El estudio de impacto económico es una disposición necesaria para preservar la sana competencia entre las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y las megatiendas. Con la permanencia de este artículo en la ley, la Legislatura demostrará su compromiso con nuestro mediano y pequeño negocio, quiénes son los únicos que han demostrado su compromiso con los puertorriqueños,” indicó Heriberto Ortiz, director ejecutivo de COOPHARMA.
Tanto el P. de la C. 752 y el P del S 310, proponen la derogación del Artículo que requiere estudios de impacto económico regional para todo desarrollo de establecimientos comerciales de venta al detal y/o al por mayor de 65,000 pies cuadrados o más de área de venta y almacén, y a los establecimientos dedicados a las ventas al detal de mercancía mixta de 15,000 pies cuadrados o más de área de venta y almacén.
“Estamos conscientes de que el proceso de permisos debe tener una transformación. Uno de los mayores retos es la poca uniformidad en los procesos y requerimientos, así como la burocracia asociada al mismo. Sin embargo, la eliminación del Estudio de Impacto en nada ayuda o corrige las deficiencias y retos del proceso de permisos actual. El desarrollo económico que buscamos es aquel que traiga riquezas al país, como lo es el sector de la manufactura y tecnología” dijo Enid Monge, presidenta de empresarios por Puerto Rico.
Las organizaciones dejaron claro que reconocen los cambios positivos que el P. de la C. 752 y el P del S 310 proponen establecer como la uniformidad en el proceso de permisos, el sistema electrónico único, la creación de salas especializadas en el Tribunal de Apelaciones mediante un método aleatorio de selección de jueces, el permiso único y el permiso automático.
Los estudios de impacto han sido adoptados en distintos estados de Estados Unidos. En Maine, se requieren estudios de impacto económico para el desarrollo de establecimientos comerciales de 75,000 o más pies cuadrados y en Vermont se requieren estudios de impacto fiscal. Otros ciudades en estados como Connecticut, California, Missouri, entre otros, limitan, mediante ordenanzas, los tamaños o pies cuadrados permitidos para los establecimientos comerciales a desarrollarse en ciertas áreas tomando en cuenta que la economía local sólo puede absorber un por ciento limitado de negocios de gran escala de venta al por menor sin causar el cierre de negocios existentes.
