Por redacción de Sin Comillas
El gobernador Pedro R. Pierluisi firmó una Orden Ejecutiva (OE) estableciendo un Comité Asesor, adscrito al Departamento de Salud (DS), para la distribución y el uso de los fondos que se recibirán como resultado del acuerdo en pleito por la epidemia de opioides.
Puerto Rico estará recibiendo más de $100 millones como parte de una transacción que culminó uno de los litigios incoados a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia, en representación del Gobierno contra farmacéuticas, distribuidoras y empresas involucradas en la epidemia de opioides. La sentencia del acuerdo ordena la creación de un Comité Asesor.
El Comité Asesor brindará en este año sus recomendaciones en cuanto a cómo se deben distribuir los primeros fondos que reciba Puerto Rico, ya que la distribución de los $100 millones será de aproximadamente $5 millones anuales por los próximos 18 años. A partir del próximo año y cada año subsiguiente, el Comité deberá brindar sus recomendaciones al secretario del Departamento de Salud en o antes del primer día del mes de mayo de cada año.
“Este Comité Asesor es el primer paso para establecer las guías y recomendaciones en cuanto a los fondos que recibirá Puerto Rico para atender la epidemia por opioides que ha afectado a miles de familias en la Isla y otras jurisdicciones de los Estados Unidos y el mundo. En mi gobierno vamos a garantizar que estos fondos sean utilizados conforme a la sentencia y que procuremos programas de prevención y educación, así como tratamientos para contrarrestar el uso y abuso de estas sustancias. No queremos perder ni una vida más como consecuencia de la adicción a estas drogas y utilizaremos estos recursos para prevenir muertes y salvar vidas”, sostuvo el gobernador.
El Comité estará compuesto por 13 miembros y será presidido por el secretario del Departamento de Salud, quien no tendrá voto, excepto cuando se requiera el voto decisivo por empate entre los miembros. El gobernador de Puerto Rico nombrará seis miembros, mientras que los otros seis designados serán nominados por la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes.
En los pleitos se argumentó que las compañías distribuidoras no informaron debidamente sobre la capacidad adictiva de los medicamentos derivados del opio y establecieron tácticas de mercadeo agresivas para fomentar el uso de sus productos entre personas que padecían dolores desde moderados a severos. Además de la compensación económica, se impuso una prohibición para que estas empresas detengan las prácticas que provocaron la emergencia de salud pública a nivel nacional.
