Por redacción de Sin Comillas
La Asociación de Contratistas Generales (AGC) suscribió una carta dirigida al Representante Rob Bishop, presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos, apoyando la creación de una Junta Fiscal Federal y el Artículo V de PROMESA que está relacionado a la inversión en infraestructura y desarrollo económico para Puerto Rico.
Asimismo, una delegación de la asociación, liderada por su presidenta, Neyssa Varela, viajará esta semana a la Capital Federal para expresar su apoyo a una iniciativa balanceada del Congreso que establezca una restructuración ordenada de la deuda pública y de las finanzas del gobierno de Puerto Rico; y un programa de inversión en infraestructura, desarrollo económico y creación de empleos. Varela reiteró que el AGC se opone a toda ley, federal o de Puerto Rico, que dilate aún más el pago a los contratistas generales, subcontratistas y suplidores de materiales y equipo de construcción a quienes se les debe cientos de millones de dólares en trabajos de construcción de infraestructura vital para Puerto Rico.
“Cualquier estructura Federal que puedan legislar para ayudar a Puerto Rico a resolver su crisis actual deberá atender no solo el asunto de la deuda, sino –y al mismo tiempo y posiblemente con más énfasis y prioridad- deberá asegurar un crecimiento y desarrollo económico sostenible. Sin esto, cualquier medida de restructuración fiscal o de la deuda solo pospondrá lo inevitable para el detrimento de todos los puertorriqueños que aun residen en Puerto Rico y aquellos que decidieron invertir en instrumentos de Puerto Rico”, reza la carta dirigida a Bishop. El AGC-PR, que está afiliado a la Asociación de Contratistas Generales de América con sede en la Capital Federal, es la voz principal de la industria de la construcción desde el 1963 y con más de 300 socios representa al 80% de la actividad económica que se genera en el sector de la construcción en Puerto Rico.
En referencia a la Ley 21 que establece una moratoria de emergencia y rehabilitación financiera, Varela, precisó que “el AGC no apoya, ni apoyará, ninguna medida que no traiga disciplina fiscal, desarrollo económico, eficiencia gubernamental, un presupuesto balanceado y proyecciones de ingresos conservadoras basados en la realidad poblacional de la Isla y económica de los contribuyentes”. Indicó que el AGC solo favorecerá iniciativas orientadas a fomentar la credibilidad, la estabilidad y el desarrollo económico de Puerto Rico.
“La Ley 21 es deficiente, crea más incertidumbre y no contiene iniciativas de desarrollo económico. La moratoria llevará a la quiebra al sector de la construcción”, explicó la líder de los Contratistas Generales, sector a cargo de construir la infraestructura vital del País, y que es un área que incide directamente sobre la seguridad, la vida y el desarrollo socio-económico de Puerto Rico.
“No solo estamos conscientes de la crisis fiscal que arropa al gobierno y al País, si no que somos víctimas de ella. Solamente en el área de acueductos y alcantarillados se nos deben sobre $150 millones y se han perdido más de 7,000 empleos”, señaló Varela. Al explicar que durante los pasados 4 años la industria de la construcción ha sufrido una contracción sin precedente, debido a la falta de inversión pública en proyectos de infraestructura, y privada en nuevos proyectos de desarrollo económico.
La AGC reconoce la importancia y enfatiza la necesidad de perseguir medidas que fomenten las negociaciones entre el gobierno y los bonistas, la transparencia por parte del gobierno en cuanto a su estado financiero y procesos administrativos, y un ambiente de credibilidad propicio para la inversión privada y levantar capital.
“Una vez se firmó la Ley 21, se empezaron a ver los efectos inmediatos de la Ley 21 en los mercados de capital en los Estados Unidos y su impacto en la ya maltrecha credibilidad de Puerto Rico”, precisó la ingeniero civil. “Todos sabemos lo que tenemos que hacer para enderezar el rumbo de Puerto Rico, pero nos hace falta voluntad y madurez. Yo exhorto a todos los líderes políticos y empresariales a aceptar el reto, a sentarnos en la mesa de negociación y a luchar por los mecanismos que persigan un proceso de reestructuración organizado y transparente, mientras se fomenta el desarrollo económico y la creación de empleos.
Como parte de sus planteamientos ante la Ley 21 y su impacto en el sector de la construcción Varela propone las siguientes iniciativas para atender la crisis fiscal y la falta de desarrollo económico en Puerto Rico:
- Auditoría de la Deuda Pública como principio fundamental de cualquier mecanismo o iniciativa que busque rehabilitar las finanzas de Puerto Rico con transparencia y de buena fe.
- Absoluta transparencia en el manejo de la información.
- Derogación de la Ley 21, o compromiso por parte del Gobernador Alejandro García Padilla a NO activar ninguno de los mecanismos incluidos en la recién aprobada ley.
- Clasificación de los distintos tipos de deuda según su naturaleza, ya que no es recomendable ponerlo todo en un mismo pote.
- Identificación de mecanismos urgentes para liberar el pago a los contratistas del Gobierno de Puerto Rico, ya que la liberación de estos fondos activarían la economía de inmediato.
- Llevar al Congreso de los Estados Unidos la posición oficial del gobierno de Puerto Rico en cuanto al pago de deuda, y que se endose la Junta de Supervisión federal para que colabore en los procesos antes indicados, incluyendo la auditoria y planes de pago, entre otros.
- Creación de un grupo de trabajo independiente y multisectorial con capacidad fiscalizadora para que identifique y fije responsabilidades a aquellos que hayan actuado en violación de la Leyes de Estados Libre Asociado de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América.
