La Asociación de Contratistas Generales de América-Capítulo de Puerto Rico (AGC) se mostró preocupada ante la incertidumbre que existe entre los contratistas que le suplen servicios y materiales al Gobierno como resultado de una resolución administrativa que fue confirmada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de L.P.C. & D., Inc. vs. Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico y que está ante la reconsideración del Tribunal.

La sentencia del Tribunal Supremo confirmó una determinación administrativa de la Autoridad de Carreteras y Transportación por la cual declaró nulo en su inicio (ab initio) un contrato de construcción que la agencia otorgó, con el contratista al que se adjudicó la subasta, cuando el proceso para la impugnación de la adjudicación no había concluido de manera final y firme.  Esto trastoca la  §2172 de la  Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme,  3 L.P.R.A. §2101 et seq., que específicamente permite a toda agencia del Gobierno de Puerto Rico que saca a subasta pública un contrato proceder con la contratación, aún cuando esté pendiente una impugnación de la adjudicación, siempre y cuando no medie una orden de un tribunal paralizando los procedimientos de adjudicación.

Hasta que esta situación no se resuelva los contratistas del Gobierno deberán escoger entre negarse a otorgar el contrato hasta que sea final y firme todo proceso en el que se cuestione la adjudicación u otorgar el contrato exigido por la agencia gubernamental y asumir el riesgo de perder todo su trabajo, bienes y servicios si subsiguientemente la adjudicación se determina incorrecta por un tribunal.

“Esta determinación ya ha causado disloque e incertidumbre en el proceso de la adjudicación de subastas en Puerto Rico, ya que le impone al licitador riesgos y vulnerabilidad adicionales”, sostuvo José J. Nolla-Vilá, presidente del AGC. “Cabe señalar que el impacto de esta determinación no solo afecta a la industria de la construcción, sino a todas las empresas que ganan subastas para suplirle servicios y materiales al Gobierno de Puerto Rico.”

El impacto de esta determinación podría ser tan nefasto que hasta el propio Gobierno se ha unido al caso como amigo de la corte, para solicitarle al Honorable Tribunal Supremo la reconsideración de su decisión, explicó Nolla-Vilá. Asimismo, el AGC solicitó y obtuvo permiso del Tribunal Supremo para intervenir como amicus curiae, debido a que son muchos los proyectos de subasta pública que se afectarán.

“De no reconsiderarse esta sentencia por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el resultado será la paralización de cientos de procesos de contratación de obra pública y de contratos de adquisición de bienes y servicios, ya que ningún contratista o suplidor de bienes y servicios se correrá el riesgo de entrar en un contrato cuyo proceso de subasta pudiera ser cuestionado hasta que este asunto sea resuelto por el Tribunal de manera final y firme”, concluyó Nolla-Vilá.