Por Luisa García Pelatti
“La Isla en general y la industria de construcción de vivienda en particular tienen el marco regulatorio totalmente contrario a la política pública. Para poder evitar repetir los errores del pasado tenemos que tener en marco regulatorio que se atempere al presente”, señala Alex Brito, presidente de la Asociación de Constructores de Hogares (ACH).
Para Brito, las leyes están escritas en los tiempo de bonanza y no se adaptan a la situación actual.
“Todo el mundo dice: vamos a reploblar los cascos urbanos. Todos estamos de acuerdo, pero la realidad del marco regulatorio –desde la ley de propiedad horizontal y toda la ley de política pública de infraestructura– es penalizando al desarrollo vertical. El desarrollo vertical paga más CRIM (impuestos municipales) que una casa; tienen que pagar por recogido de basura, por reciclaje, por electricidad en áreas comunes. Un apartamento paga tres veces más CRIM que una casa, porque en la casa todos los elementos comunes van a una asociación sin fines de lucro. Queremos densificar el país pero no hay hipotecas FHA hasta que no se venda el 51% de las unidades”.
Según Brito, en la construcción de edificios, todos son restricciones: hay que pagar mantenimiento desde el primer día y no puede haber más del 10% de morosidad.
Se habla de fomentar el mercado de alquiler, pero se necesitan leyes de desahucio más flexibles. “Necesitamos dos leyes de desahucio. Una para los que necesitan especial protección, que es el que perdió su trabajo, tienen niños y necesita protección del Departamento de la Familia. Pero el que vive en un apartamento en el Condado, ése no necesita protección especial. Ese se aprovecha del sistema para estar en un apartamento cinco años sin pagar y te lo entrega destruido”, dice Brito.
El presidente de la ACH cree que es necesario atemperar las leyes a la realidad. “Si no queremos tener una burbuja inmobiliaria tenemos que quitar los dichosos $50 del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Este es el único país del mundo en que una reserva es imaginaria”.
Los $50 es la penalidad que pagan los compradores cuando opcionan una vivienda y luego deciden no comprarla.
“Todos los edificios que ves vacíos estuvieron 100% opcionados y con lista de espera. Pero cuando se está opcionando a gente que no tiene ninguna penalidad, ninguna responsabilidad, se está fomentando un mercado de especulación, que fue lo que pasó aquí”, comentó Brito, que habla de devolverle certeza al proceso.
Otro ejemplo de que las reglas no se adaptan a la realidad es que la demanda de vivienda de interés social se concentra en unidades de una habitación. Din embargo, los desarrolladores tienen la obligación de construir unidades de tres habitaciones.
Por otro lado, Brito dice que todos hablan que el Plan de Uso de Terrenos (PUT) “va a ser la panacea que va a resolver todos los problemas. OK, el PUT va a funcionar una vez arreglemos el marco regulatorio”, pero dice que de nada vale tener el PUT si se siguen construyendo 6,000 viviendas en lotificación simple, fuera del proceso de planificación.
Los constructores de hogares proponen resolver todos estos problemas con una ley ómnibus. La ley debe incentivar a los compradores y no a los desarrolladores. “No queremos un bailout, Lo que queremos es certeza en el proceso y dentro de eso podemos buscar oportunidades. Lo bueno de cambio el marco regulatoria es que tiene cero costo fiscal al erario.
Y finalmente, las leyes actuales fomentan la construcción de vivienda en los suburbios. “En este país hay unas inconsistencias gigantes”.
