Por redacción de Sin Comillas
Tres de las principales organizaciones que agrupan al sector empresarial del País, unieron su voz en oposición a la aprobación por parte de la Cámara de Representantes, del Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 230, que deroga de forma precipitada la disposición que penaliza la obstrucción ilegal de obras de construcción.
Alejandro Brito, presidente de la Asociación de Constructores de Hogares, Waleska Rivera, presidenta de la Asociación de Industriales, y Santiago Domenech, presidente de la Asociación de Contratistas Generales expresaron que la legislación aprobada da una licencia para que diferentes grupos y sectores tomen la justicia en sus manos, y paralicen obras de construcción que no les agraden.
El Grupo senaló que la medida tiene el efecto de convertir en chatarra, aquel permiso que sea aprobado conforme a la ley, puesto que cualquiera tendrían libertad para obstruir o paralizar una obra a su entera discreción y capricho.
Enfatizaron que proyectos vitales como el desarrollo de Roosevelt Roads, el Puerto de Ponce y otras obras público-privadas de impacto sustancial en la economía, se verán afectadas severamente con la incertidumbre de eliminar las sanciones penales a quienes paralicen indebidamente una obra de construcción.
A la vez, destacaron que en momentos en que se degrada el crédito de Puerto Rico, la aprobación de esta medida es un mensaje adverso de incertidumbre, que desalienta inversiones en obra pública y privada, y que nos hace mucho más difícil generar los empleos que necesitamos ahora.
Explicaron que la derogación de esta disposición penal no crea un solo empleo en el País, pero sí añade elementos sumamente peligrosos que alejan la inversión de capital, desalientan nuevos proyectos de construcción y ponen el camino más difícil a la industria de construcción que Puerto Rico necesita para levantar su economía.
Los líderes de las tres organizaciones exhortaron al Presidente del Senado, Eduardo Bhatia y al Senador Miguel Pereira y a la Comisión de Lo Jurídico, a corregir el desacierto de aprobar esta medida, tal como fue aprobada en la Cámara, sin cambio alguno. Asimismo, puntualizaron que el Senado no debe repetir el serio error legislativo de aprobar de forma inflexible esta legislación, sin añadir una coma al proyecto radicado, descartando el análisis constitucional y legal del Departamento de Justicia y rechazando las múltiples recomendaciones de varios de los deponentes en el proceso de vista pública, incluyendo las ponencias ampliamente fundamentadas en derecho de sus respectivas organizaciones.
Los líderes de las organizaciones destacaron que en ninguna de las vistas públicas se ha demostrado que el artículo 200 del Código Penal prohíba o limite la libertad de expresión y validaron lo expuesto por el Departamento de Justicia, quien planteó una revisión, mas no la derogación de dicho artículo.
