Por redacción de Sin Comillas
La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), lamentó las expresiones de la Directora de la Autoridad de Puertos (AP), Ingrid Colberg, de que continuarían con las inspecciones de los furgones y no devolverían los cargos cobrados ilegalmente.
El vicepresidente ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes Alfonso opinó que las expresiones de Colberg han provocado confusión en toda la industria que ahora no sabe a qué atenerse. Queremos aclarar a nuestros socios y al País que la Sentencia del Tribunal Apelativo es clara ordenando, y citamos; “cesar y desistir de inmediato en la ejecución de cualquier procedimiento comenzado o realizándose al amparo de la Resolución, Registro y Reglamento, cuya nulidad radical hemos declarado mediante esta Sentencia.”
“Esto no está sujeto a interpretación de una parte, por lo que estaremos iniciando el proceso para solicitar un Desacato al Tribunal si la Autoridad insiste en continuar el proceso de escanear y/o cobrar por ello. Independientemente de si hay o no una ley que autorice inspeccionar, la AP necesita un reglamento válido y vigente para actuar y ese reglamento no existe en este momento. Si la AP continua con el proceso, sin un reglamento debidamente aprobado, estaría violando una orden del tribunal, y al igual que hizo por los pasados dos años, estaría actuando de forma “ultra vires”, afirmó Reyes Alfonso.
Sobre el dinero ya cobrado, agregó que, aunque cada importador tendrá que reclamar la devolución de los cargos pagados de manera individual, es un principio básico en Derecho que lo cobrado de manera ilegal tiene que devolverse. “Otro principio en administración pública es la obligación de los funcionarios de mitigar daños para el erario. El tribunal no se expresa directamente sobre el asunto porque no estaba planteado en este caso, pero la devolución del dinero es una consecuencia necesaria de la inexistencia del reglamento por más de dos años. La pregunta difícil que debemos hacernos es quién se hará responsable por ese cobro claramente ilegal. ¿Seguirá el Pueblo de Puerto Rico pagando por errores y violaciones a las leyes y reglamentos de funcionaros públicos? Continuar con esta práctica, a pesar de la Sentencia, incrementará la cantidad que el gobierno tendrá que devolver eventualmente”, acotó el ejecutivo de MIDA.
Este exhortó a la AP a aclarar sus expresiones, a pensar en la economía, a cumplir con la orden del Tribunal y a desistir de un programa ineficiente que ha costado demasiado sin resultados ni beneficios para la AP ni para Puerto Rico.
