Por redacción de Sin Comillas
La situación del derecho a la libertad de expresión en Puerto Rico es de las más alarmantes del hemisferio americano, según el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA). En su informe destaca que en Puerto Rico “se han producido agresiones a la prensa durante protestas y manifestaciones, en particular dos periodistas fueron heridos con balines de goma durante las protestas que exigían la renuncia del exgobernador en Puerto Rico”.
La organización puertorriqueña Kilómetro Cero, junto al Instituto Caribeño de Derechos Humanos, Amnistía Internacional -Sección de PR y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM – PR), le hicieron llegar documentación extensa a la CIDH sobre los sucesos que violentaron las garantías a la libertad de expresión en el País durante el año pasado.
El Informe, publicado esta semana, establece que: “El 2019 fue un año marcado por numerosas protestas sociales y manifestaciones ciudadanas en distintos países de la región”. En específico, la CIDH dice le “alarma” la situación vivida en Chile, Bolivia, Ecuador, Haití, Brasil, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela, Cuba y Nicaragua.
En su extensa referencia a Puerto Rico, la Comisión relata que “miles de puertorriqueños salieron a las calles bajo el slogan ‘¡Ricky Renuncia!’, debido a los alegados actos de corrupción y la información proporcionada con motivo de dicho chat. En el marco de dichas manifestaciones, con base en información puesta en conocimiento de esta oficina por distintas organizaciones de la sociedad civil, y de acuerdo con información pública, la Relatoría observa que existió una serie de agresiones contra periodistas durante la cobertura de las marchas y protestas. Por ejemplo, el periodista de transmisión de WAPA-TV Orlando Rivera Martínez fue alcanzado por una bala de goma mientras cubría las protestas el 15 de julio. Joe Raedle, un reportero gráfico de Getty Images, fue golpeado por una bala de goma mientras cubría las protestas en San Juan, en las afueras de La Fortaleza, la residencia oficial del gobernador Ricardo Rosselló, el 17 de julio de 2019. El camarógrafo de Telemundo, Jorge Figueroa, resultó herido la misma noche, ya que mientras la policía comenzó a disparar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, y en medio del caos, fue empujado y cayó al piso. Además, el documentalista Ricardo Olivero recibió un disparo con una ‘munición de control de multitudes’ mientras filmaba a policías que dispersaban a los manifestantes en San Juan, el 23 de julio de 2019, a pesar de haber estado claramente identificado con credenciales”.
“Asimismo, se reportaron varios hechos violentos y de represión en el contexto de esas protestas, ante los cuales la policía habría ejercido un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Según lo informado, “[l]a respuesta del Estado a estas manifestaciones ha sido de represión, mediante el uso exagerado e indebido de la fuerza. […] La Policía de Puerto Rico desplegó una amplia cantidad de oficiales, formando un perímetro alrededor de la Fortaleza (residencia del Gobernador), con equipo anti-motines, y en una actitud intimidatoria. Esa noche la Policía de Puerto Rico lanzó una cantidad excesiva de gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma, en una actitud completamente irresponsable, sin seguir ninguno de los protocolos sobre el uso de la fuerza y sin que los manifestantes hubiesen provocado ningún incidente de violencia”.
Después de describir lo informado desde Puerto Rico, la Relatoría de Libertad de Expresión concluye que: “La CIDH ha reiterado que la protesta social es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, y esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades. La Comisión ha señalado que “resulta en principio inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión”.
Asimismo, expresa en su informe que “en la Declaración Conjunta sobre violencia contra los y las periodistas en el marco de manifestaciones sociales, adoptada en 2013, se indica que los derechos de reunión y libertad de expresión ‘son fundamentales y su garantía es una condición necesaria para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática. Un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas o dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas, y deben utilizarse las medidas más seguras y menos lesivas para los manifestantes. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos”.
En la declaración se estableció que “la protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales”.
Annette Martínez Orabona, del Instituto Caribeño de Derechos Humanos, dijo que “este señalamiento internacional es grave y revela la ausencia de un compromiso real del gobierno de Puerto Rico con la protección de los derechos humanos. Coincidimos con la Comisión Interamericana en su examen sobre la situación del País, e insistimos en que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de libertad de expresión de todas las personas, en todo momento, incluyendo durante la actual crisis de salud. Sin embargo, la situación no ha cambiado y nos preocupa que seguimos viendo actitudes irrazonables, arbitrarias y abusivas de parte de oficiales de seguridad pública, incluso en momentos como el que estamos viviendo, cuando la población necesita mayor protección”.
Mari Mari Narváez, de Kilómetro Cero, dijo que “en Puerto Rico vivimos acorralados en una crisis antidemocrática sin igual en todo el continente americano. Nuestros derechos fundamentales se han visto seriamente vulnerados en los últimos años debido a las medidas extremas de austeridad, a las consecuencias políticas de eventos naturales y ahora a la pandemia del Covid-19. Hoy día estamos viviendo una situación excepcional de salud pública y la Policía continúa criminalizando ejercicios básicos de movimiento incluso permitidos en el toque de queda. Nuestras organizaciones mantienen el compromiso de seguir documentando y denunciando las violaciones de derechos en foros internacionales, así como promoviendo el respeto de los derechos humanos en nuestro país”.
