Por José Pérez*
Tenemos dos problemas fundamentales con el Impuesto sobre Vetas y Uso (IVU). El primer problema es su regresividad, lo cual afecta un gran número de personas de limitados recursos. El segundo problema es la evasión contributiva. Generalmente, se estima que el por ciento de captación del IVU fluctúa entre un 55% y 60%, dejándose de cobrar una significativa parte del impuesto. ¿Cómo podemos mejorar ambos problemas?
El consumo de alimentos no preparados probablemente representa una gran porción del presupuesto familiar. Los comestibles se distribuyen a través de grandes cadenas de supermercados y tiendas que poseen buenos sistemas para captar el IVU. Podría suponer que dichos establecimientos captan sobre un 95% del IVU. En vista de tal eficiencia, hace sentido el imponer el IVU a una tasa preferencial de un 2% sobre los alimentos no preparados. Los alimentos preparados ya están sujetos al IVU y me parece que su cobro es eficiente.
A cambio de imponer el IVU a los comestibles a una tasa reducida, podría reducirse la tasa máxima existente del 11.5% a una tasa máxima de un 8.5%. Eso equivale a una reducción de 3 puntos porcentuales en la tasa máxima. Estimo que con el alto volumen de ventas de los comestibles, y su mejor captación, compensaría adecuadamente por la reducción en la tasa máxima. Los recipientes del PAN podrían estar exentos del IVU sobre los comestibles mediante un crédito instantáneo a su tarjeta del PAN. Esto es tecnológicamente posible. Con estos cambios, tendríamos un IVU más ecuánime, lo cual haría justicia a los económicamente desventajados.
Catorce estados imponen un “sales tax” (IVU) sobre los alimentos no preparados. Sus tasas varían entre un 1% y un 5%. Algunos estados ofrecen algún tipo de alivio a las familias pobres. Reconozco que esta propuesta es controversial. No obstante, podría ser la mejor manera de repartir la carga del IVU en una forma más equitativa y lograr mayor eficiencia en su cobro.
* El autor es analista financiero.
