Por redacción de Sin Comillas
En pleno apagón, la Comisión de Energía (CEPR) decidió aprobar su propio Plan Integrado de Recursos (IRP) para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al no aceptar el plan que presentó la corporación pública por no cumplir con “los rigurosos estándares de aprobación” de la Comisión. En la Resolución Final y Orden CEPR-AP-2015-0002 (junta-de-supervision-comunicado-de-prensa-2016-09-23-distribucion-final-pdf) del 23 de septiembre aprobó el Primer Plan Integrado de Recursos (PIR) Modificado de la AEE. “Este Plan es una hoja de ruta para proveer un servicio eléctrico al menor costo durante el horizonte de planificación”, señala la CEPR, que celebró vistas públicas y técnicas para integrar el insumo del público a su análisis.
El PIR es un plan de trabajo diseñado por la AEE cuyo fin es ofrecer un horizonte, a 20 años, de proyectos y metas a corto, mediano y largo plazo, así como de los pasos a seguir para llevar a cabo la modernización de la corporación pública. Además, el plan evalúa la utilización de diferentes tipos de recursos energéticos para suplir la demanda de electricidad futura pronosticada, con la meta de lograrlo de manera confiable y costo-efectiva. La CEPR, como ente regulador del sector de la energía eléctrica, es responsable de aprobar el PIR, supervisar, guiar y fiscalizar su implantación.
“Es de conocimiento público que la AEE está enfrentando restricciones financieras y de capital extraordinarias. Su infraestructura no ha sido adecuadamente mantenida por años. La flota generatriz incumple con los Estándares de Mercurio y Tóxicos de Aire de la Agencia Federal de Protección Ambiental (MATS, por sus siglas en inglés). Por otro lado, sus clientes son los receptores de la volatilidad de los precios de combustible en el mercado y de la degradación ambiental debido a los combustibles fósiles, entre otros asuntos de alto interés público”, señala la CEPR en un comunicado.
“Sujeto a la supervisión de la CEPR, este PIR representa el primer intento de la AEE de establecer un plan de recursos que atienda las deficiencias estructurales que han llevado a la AEE a la situación en que se encuentra actualmente. Si bien los requerimientos de la CEPR pueden haber sido nuevos para la AEE, las herramientas y métodos para implantar la planificación de recursos eléctricos son prácticas estándar y bien documentadas de la industria”.
La CEPR explica que durante los últimos 14 meses, le concedió a la AEE amplias oportunidades de cumplir con el Reglamento para el Primer Plan Integrado de Recursos, emitido por la CEPR el 22 de mayo de 2015, “con el propósito de que la propuesta de la AEE representara un análisis exhaustivo de las necesidades de demanda y los recursos adecuados para suplir esa demanda. Sin embargo, la AEE no pudo producir un PIR que cumpliera con los rigurosos estándares de aprobación que rigen a la CEPR”.
“Ante estas circunstancias, y dada la realidad de que la desaprobación del PIR no es factible debido a las urgentes necesidades energéticas del país, la CEPR aprobó un PIR Modificado con directrices muy específicas”. El plan incluyen la modernización de unidades generatrices para aumentar la eficiencia y confiabilidad del servicio, como por ejemplo el reemplazo de unidades en Palo Seco y el retiro de unidades obsoletas en San Juan. Además, se contempla una nueva unidad de ciclo combinado y la repotenciación de las unidades 1 y 2 de Aguirre, lo cual permite reducir la probabilidad de eventos como el ocurrido en días pasados. Además, la CEPR establece un Plan para la modernización y el mantenimiento de la infraestructura de transmisión y distribución, y atiende preocupaciones relacionadas con el cumplimiento ambiental (incluyendo los MATS) y el desarrollo de proyectos de energía renovable.
La CEPR ordenó a la AEE desarrollar procedimientos internos para asegurar que en el futuro sus PIRs cumplan con los estándares profesionales de rigor. La AEE debe someter propuestas de actualización del PIR a la CEPR cada tres años.
El Plan propuesto por la AEE no contempló de forma adecuada el impacto de los proyectos y las obras en las metas de cumplimiento ambiental, eficiencia operacional y confiabilidad en el servicio. Además, la CEPR y los interventores cuestionaron la validez de los escenarios, modelos y metodología utilizados por la AEE para sustentar sus propuestas. La CEPR también indica que la propuesta de la AEE no contempló el desarrollo y la integración de fuentes de energía renovable cónsona con los esfuerzos recientes para la diversificación energética.
La Comisión defiende que la implantación del nuevo PIR Modificado “pondrá a la corporación pública en una mejor posición para cumplir con las expectativas de confiabilidad y seguridad, así como con sus obligaciones financieras y su responsabilidad de proveer servicio al menor costo posible” y añade que la aprobación del PIR Modificado “cobra mayor relevancia a la luz de la aprobación de la Ley PROMESA (“Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act”), toda vez que la determinación de proyectos críticos de energía depende de que cumplan con lo aprobado por la CEPR en el PIR Modificado. Proyectos que la CEPR determine no cumplen con el PIR Modificado serán inelegibles para designación como proyectos críticos”.
“Este documento aspira a aportar activamente al desarrollo y modernización de la AEE de cara a los retos económicos, energéticos, ambientales, sociales y de infraestructura que este nuevo tiempo presenta. Evidencia clarísima de ello ha sido la crisis que el País entero experimentó esta semana ante el colapso del sistema eléctrico tras la avería ocurrida en Aguirre”, apunta.
La Comisión de Energía de Puerto Rico fue creada el 27 de mayo de 2014 por la Ley 57-2014, conocida como la Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico, con el fin de que investigue, fiscalice y regule la industria eléctrica y todos sus componentes, incluida la Autoridad de Energía Eléctrica, adjudique en primera instancia los casos y las controversias sobre asuntos regulados con la operación y el funcionamiento de la industria eléctrica; asegure la cabal ejecución e implantación de la política pública sobre el servicio eléctrico; vigile y asegure la capacidad, confiabilidad, seguridad y eficiencia del servicio eléctrico, así como la razonabilidad de las tarifas por dicho servicio, entre otros fines. La Comisión está integrada por un presidente y dos comisionados asociados.
