Por redacción de Sin Comillas
Luego de meses de conversaciones entre el gobierno y la empresa Commonwealth Oil Refining Company, Inc. (CORCO), el viernes se iniciaron formalmente los procedimientos en ley para encaminar un proceso de descontaminación, demolición, limpieza y reúso de los terrenos de la petroquímica ubicados en el municipio de Peñuelas.
La empresa CORCO radicó formalmente la petición de permisos de limpieza, remoción y demolición de cerca de 11, 000,000 libras de acero y metales en desuso ubicadas en 30 cuerdas de terrenos de las industrias Oxochem y Caribe Isoprene que pertenecen a la compañía. Se estima que el plan de limpieza y demolición tendrá un costo estimado de $16 millones a ser financiados, principalmente, por la empresa privada.
La empresa radicó la Recomendación de Estudio Ambiental (REA) ante la Oficina General de Permisos (OGPE) para iniciar el procedimiento formal de consulta para la otorgación de permisos que permita iniciar los trabajos de demolición y limpieza. Este paso es un requisito mandatorio y el mismo debe responderse en un periodo de 30 días.
Según los procedimientos en ley, una vez se evalúe la solicitud, la OGPE determina si procede la radicación de una Declaración de Impacto Ambiental o si por el contrario se expide el permiso solicitado. Se espera que aun cuando se tenga que someter una DIA, las primeras medidas de demolición y limpieza podrían comenzar este mismo año. Tanto el gobierno de Puerto Rico como la EPA podrán colaborar más adelante en medidas remediales de mitigación de los terrenos.
CORCO es el principal propietario de la zona industrial de petroquímica que se extiende por una 3,500 cuerdas de terrenos en donde se estima que, una tercera parte, está en estado de abandono y desuso. Aunque por años se realizaron estudios y se presentaron propuestas de transformación de estos terrenos, esta es la primera vez, en sesenta años, que una empresa voluntariamente somete una petición de descontaminación, demolición, limpieza y reúso con sus propios fondos y peritaje.
Las industrias petroquímicas se establecieron en la isla en el 1953 como parte de los programas de industrialización. No obstante, esta industria entró en una situación económica adversa que provocó su cierre parcial ante la crisis del petróleo en las décadas del setenta y ochenta. Desde entonces, solo ha operado de forma parcial en el almacenamiento de combustible y sus derivados sin que operen las refinerías.
El plan sometido contempla evaluación de las condiciones y requisitos que el gobierno le impondrá a la empresa proponente, se establecerán los parámetros de descontaminación, las medidas de seguridad, disposición de desperdicios sólidos, medidas remediativas de carácter ambiental así como mitigación de daños. El plan contempla un programa de reciclaje de metales y su traslado fuera de la isla, lo que no afectará la vida útil de los vertederos regionales.
Una vez se limpien y se recuperen los terrenos, se podrían destinar a proyectos de energía renovable que ayuden a crear empleos y reducir los costos de energía.
