El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) se opone a la construcción del gasoducto tal y como está propuesto y recomienda estudiar y poner en marcha otras alternativas de diversificación energética más costo-eficientes, ejecutables en menos tiempo y a menos riesgo para la comunidad y el ambiente del país. Asegura que el costo del proyecto ha sufrido un alza de $280 millones y que el costo final podría superar los $1,200 millones.
“Al CIAPR no le cabe duda de que antes de llevar a término un gasoducto con una longitud de 92 millas, que pasaría por 13 municipios, impactaría 1,672 cuerdas de terrenos, 68 carreteras, 235 ríos y humedales y 369 acres de cuerpos de agua, hay innumerables medidas para abaratar el costo de la electricidad que sólo requieren la voluntad administrativa y gubernamental de implantarlas. Habiendo un amplio consenso sobre esto en Puerto Rico, no vemos razón para que se no se pongan en marcha éstas medidas que llevamos meses analizando públicamente y se insista en un gasoducto que no ofrece los estándares de seguridad y eficiencia requeridos”, dijo el Presidente del Colegio, Angel L. Gonzalez Carrasquillo.
La Comisión entendió que su responsabilidad se extendía a las Declaraciones de Impacto Ambiental sometidas así como a los planos, especificaciones y todo documento relacionados a las profesiones de ingeniería y agrimensura que le fueron disponibles. Sin embargo, planos y especificaciones técnicas, perfiles topográficos, y los estudios de suelos y geología de toda la ruta del Proyecto según solicitados por los últimos dos Presidentes del CIAPR e incluidos como elementos básicos en los comentarios nuestros a la DIA-P y prometidos por la AEE, nunca fueron entregados a la Comisión.
“No obstante, la experiencia y capacidad de análisis de los expertos de la Comisión del CIAPR nos permitió hacer una análisis profundo de aspectos claves de este proyecto que nos llevó a concluir, que tal y como está propuesto hoy día, el gasoducto va en detrimento de Puerto Rico, por lo que no lo podemos avalar. En aquellas áreas donde fue necesario el tocar áreas de la competencia de otros profesionales, consultamos con especialistas en estas áreas específicas y utilizamos el conocimiento de estos, a quienes agradecemos su colaboración voluntaria por el bien de Puerto Rico”, dijo el presidente.
Para el CIAPR es clave en este proceso re -evaluar el análisis de costo-beneficio del proyecto, ya que los costos han incrementado drásticamente según información provista por la propia Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de $600 millones a $880 millones.
El CIAPR plantea que ese no será el costo final. Por lo regular en los proyectos de construcción que se desarrollan en Puerto Rico y en otros países el costo de los proyectos aumentan por lo menos un 25% en Avisos de Cambio (“Change Orders”) y trabajos adicionales (“Extra Work Orders”) a consecuencia de omisiones en el diseño, imprevistos, medidas correctivas y mitigaciones para atender situaciones que surgen durante la construcción. Estas partidas elevarán el costo del proyecto a por lo menos $1,200 millones, en un estimado conservador del CIAPR.
La postura del CIAPR es que un proyecto de esta envergadura y alcance requiere un análisis de vulnerabilidad (análisis del riesgo de desastre) de más detalle y profundidad como por ejemplo un “AVC” (Análisis de la Vulnerabilidad y la Capacidad), una herramienta desarrollada por el “Prevention Consortium” (Ginebra, Suiza) para integrar la reducción de riesgo de desastres en la programación, valoración inicial y evaluación de proyectos basado en los elementos físicos, económicos, sociales y ambientales. El aumento en accidentes en gasoductos que se ha documentado en los últimos años en Estados Unidos hace aún más urgente el que este aspecto de seguridad sea atendido, y al presente, a base de los documentos sometidos, no lo está.
“En el caso especifico de la posible utilización del Puerto de San Juan como punto para el suplido de gas por medio barcazas o como terminal de gas o gas natural licuado, el CIAPR entiende que el riesgo de un accidente catastrófico en este puerto sería de una magnitud, y el riesgo tan grande que el CIAPR no lo considera aceptable como terminal de GN o GNL,” añadió.
Se consideró que un cálculo del radio de daño de una explosión de un barco de GN o GNL en el puerto, afectaría un potencial radio de un kilómetro de destrucción de cinco o más kilómetros de daño total o parcial. “Definitivamente, este nivel de riesgo no es aceptable. Recomendamos que se revalúe la posibilidad de la utilización de boyas y/o plataformas de trasbordo, en particular en los sectores de Palo Seco, Aguirre y Arecibo. Este tipo de unidades están instaladas en un gran número de instalaciones a través del mundo, con un excelente récord de seguridad en la operación, incluyendo ubicaciones sensitivas como son las Bahamas y las zonas turísticas en la costa norte del mediterráneo,” explicó.
Por otro lado, el Colegio considera que el proyecto no se va a traducir en una reducción en el costo de la energía eléctrica y que “se lograría un ahorro mucho mayor y palpable atacando de forma decisiva el robo de electricidad, revisando los subsidios existentes (muchos de los cuales no se justifican) y revisando la fórmula de ajuste por combustible, todo lo cual se puede poner en marcha de inmediato”.
RESUMEN EJECUTIVO – PROYECTO GASODUCTO – 19-ENERO-2012
