Por redacción de Sin Comillas
Pilarín Ferrer Viscasillas, presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, expresó su oposición a la derogación del artículo 200 del Código Penal (conocida como ley Tito Kayak) que tipifica como delito la obstrucción de obras de construcción públicas o privadas. La derogación fue recomendada el pasado 11 de marzo por la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, que preside el Representante Luis Vega Ramos, luego de concluir el proceso de vistas públicas.
La presidenta indicó que el Informe Positivo de la Comisión de lo Jurídico no explica cómo es que el derecho avala que cualquiera, so pretexto de ejercer la libre expresión, pueda entrar a una propiedad privada para obstruir una construcción en proceso y de paso acarreando daños, atrasos y costos”.
A juicio de la arquitecta, “los demás delitos ya contenidos en el Código Penal, a los que la Comisión hace referencia, no han demostrado ser efectivos en prevenir que alguien ocupe una propiedad privada con el único propósito de paralizar una construcción, ni han sido suficientes para impedir los daños que el supuesto ejercicio de esa “libertad de expresión pueda ocasionar a aquel que decidió inviertir en Puerto Rico”.
Desde la aprobación de la Ley para la Reforma del Sistema Integrado de Permisos, el Colegio ha reiterado la necesidad de asegurar mecanismos adecuados de participación y de fiscalización por parte de la ciudadanía, incluso de instancias disponibles antes de la aprobación de la Ley 161, “pero la derogación del artículo 200 no es la manera”, acotó Ferrer. “Una cosa es poder cuestionar, sin obstaculizar trabajos en proceso, la legitimidad de un permiso para iniciar una construcción y otra paralizar la misma
Para la arquitecta el impacto de la derogación de esta ley es de gran magnitud ya que pone en entredicho la validez de un permiso otorgado en buena lid, y en cumplimiento con todos los requisitos que esto conlleva, resultando de facto en un cuestionamiento de la limpieza de los procesos gubernamentales. Sobretodo crea un clima de incertidumbre a potenciales inversores y/o desarrolladores, dificultando aún más la creación de empleo, en un momento crítico de nuestra economía.
